Iniciamos un nuevo curso escolar con pocas novedades y con las ilusiones menguadas. Una vez superada la mitad de la legislatura,  podemos constatar que el gobierno del cambio, a pesar de proclamar su prioridad por la enseñanza pública, apenas ha implementado medidas para mejorar su calidad   y las condiciones laborales del profesorado, pero sí  ha firmado un pacto con el personal de los centros concertados que supone blindar su financiación.

El pasado marzo se iniciaron las negociaciones  en la Mesa Sectorial con los sindicatos de la educación pública no universitaria con el fin de alcanzar un nuevo Pacto para la Mejora de la Calidad Educativa. Se acordó una negociación rápida que concluyese antes de iniciar la elaboración del proyecto de presupuestos para 2018 , partiendo del acuerdo de  2007, que finalizó en 2011, con  la finalidad de definir   las prioridades y la calendarización para  revertir los brutales recortes que ha sufrido la educación pública. Así mismo, este pacto debería suponer el establecimiento de  un marco claro de relaciones laborales del que carecemos desde finales de 2009, cuando el gobierno de UPN decidió unilateralmente incumplir el anterior. Los sindicatos hicimos llegar nuestras propuestas con celeridad y durante casi tres meses las fuimos precisando y detallando. Una vez finalizada esta fase, tocaba al Departamento de Educación  mover ficha y presentarnos una propuesta para iniciar la fase real de negociación. Se comprometieron a hacernos llegar esa propuesta en el mes de junio y han pasado más de tres meses sin que tengamos nada encima de la mesa. En junio la excusa era la necesidad de un  acuerdo previo con los partidos que sustentan en gobierno. Una vez que todos ellos han expresado que es el turno de reinvertir en educación, el departamento de educación   en  lugar de ponerse a analizar junto a los sindicatos las necesidades y cuantificar los recursos necesarios para atenderlas, como  había acordado,espera pasivamente que el gobierno establezca el techo de gasto para cada departamento sin dejar ,en consecuencia, apenas margen para la negociación. Se pospone el acuerdo  con los sindicatos para dotar de recursos a un servicio público esencial y se vuelven a pensar en dedicarlos a macroestructuras como el TAV u otros proyectos de dudoso carácter social.

También nos llama la atención la decisión de ampliar la ratio en primero de infantil en algunos centros concertados en mitad de agosto y con la opinión contraria tanto de los partidos que sustentan el gobierno como de la comisión local de escolarización. Difícilmente se puede revertir de esta forma el desequilibrio entre redes.

Respecto a otros temas recogidos en el acuerdo programático, por ejemplo el ciclo 0-3, hay que reconocer que ha habido una bajada de las tasas que pagan las familias, pero estamos todavía muy lejos de los objetivos de gratuidad y universalidad de la oferta educativa y todavía mucho más lejos de abordar la gestión común del ciclo. Podríamos decir que se está caminando en dirección contraria porque algunos ayuntamientos están asumiendo de nuevo la gestión directa de las escuelas infantiles de su municipio sin establecer previamente un marco general ni un planteamiento educativo común.

La valoración que hace STEILAS de la política lingüística  que ha desarrollado el gobierno  es muy negativa. Lamentablemente, el gobierno no ha tenido la valentía de cambiar el desastroso tratamiento de las lenguas heredado del anterior gobierno y en lugar de frenar el PAI lo ha apuntalado. Por el contrario los avances en la enseñanza del y en euskera han sido escasos y el derecho a una educación en euskera en cualquier etapa para todo el alumnado de Navarra sigue siendo más virtual que real.

No podemos, de momento, valorar algunos planes, cuya necesidad  STEILAS ha subrayado una y otra vez,  que el departamento quiere implementar. Nos referimos a los planes de coeducación y de atención a la diversidad. Esperamos poder participar en su concreción y que se les dote de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos.

Una posible buena noticia, que esperemos que se confirme,  es el compromiso del gobierno para un plan de financiación plurianual de la UPNA. Eso garantizaría una mejor planificación de los recursos en esa etapa en la que los recortes también han sido considerables.

Es una opinión unánime, que por supuesto compartimos, que Educación ha sido, hasta ahora, el talón de Aquiles de este gobierno. No solo no ha aumentado apenas la financiación sino que, a menudo, tanto la planificación como la gestión ha sido, hasta ahora,  bastante errática  ( ejemplos como el de la acreditación del máster de secundaria o que todavía no se hayan iniciado los nuevos ciclos de FP en euskera así lo atestiguan). Además durante estos dos años de legislatura no se ha contado con las organizaciones sindicales para la elaboración de las propuestas.

Seguiremos trabajando para que haya un cambio radical de rumbo y que tengamos en breve un nuevo pacto y una mejor gestión.Ahora bien, no dudaremos en pasar a la movilización si el Departamento no cumple lo que se recoge en el acuerdo de Gobierno.

 

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