A tenor de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a conocer el 26 de septiembre de 2016, un número amplio de personal interino se animó a reclamar las indemnizaciones que les correspondían por fin de contrato. Desde steilas queremos informar de la existencia de tres sentencias en las que se obliga a la administración pública a equiparar las indemnizaciones por fin de contrato entre en el personal temporal y fijo de trabajadoras y trabajadores del departamento de Educación.

En sentencias emitidas el 22 de febrero, el 17 y 20 de marzo de este año se reconoce a once trabajadoras y trabajadores del personal educativo de educación especial, en concreto de Especialistas de Apoyo Educativo e Interpretes de Lengua de Signos, el derecho a recibir una indemnización de 20 días por año trabajado al finalizar su contrato.

El personal educativo de educación especial constituido además de por especialistas de apoyo educativo e interpretes de lengua de signos, también por Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales y Transcriptoras/es de material, es personal contratado laboral de la administración pública, en concreto del Departamento de Educación.

Actualmente, el sector del personal educativo de educación especial tiene una temporalidad del 58%. Esto quiere decir que a más de la mitad de este personal se le termina el contrato al finalizar el curso cada año. Algunas educadoras (la mayoría son mujeres) tienen contrato de septiembre a agosto y a otras (y cada vez son más) se les termina en junio por lo que en los meses de verano no les queda más remedio que ir al paro. Y así año tras año, ya que la administración no hace nada para solucionar esta situación precaria. Un ejemplo de ello es el hecho de que la única vía para conseguir la estabilidad es conseguir plaza por medio de una oferta de empleo público (OPE) y que la última que se realizó para este sector fue en 2007, y para una única categoría.

Desde steilas creemos que estas sentencias y las que están por llegar (ya que hay bastantes más en proceso) deben obligar a la administración pública a dar un giro en su política de contratación, a buscar fórmulas que den más estabilidad al personal temporal y a acabar con la falta de voluntad que demuestra para solucionar los problemas laborales existentes entre sus trabajadoras/es.