El próximo jueves se debatirá en el Pleno del Parlamento Vasco la ILP presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y avalada por 51.000 firmas. Esta misma semana sabremos, por fin, si el Parlamento de Gasteiz da luz verde y garantiza un debate democrático, o si por el contrario, niega ese derecho.

Los agentes que componemos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hemos comparecido hoy en Bilbo. Hemos hecho la siguiente lectura:

Tal y como anunciabamos hace unas semanas, salvo con el PSE, hemos realizado diferentes reuniones con los grupos parlamentarios: EH Bildu y Podemos nos han dado su apoyo, pero no así PNV y PP. Como hemos mencionado, a pesar de no haber podido realizar una reunión con el PSE, siendo un partido de gobierno, prevemos que su posición será la del no. Siendo esta la situación, corremos el peligro de cerrar en falso nuevamente este debate. Es más, si nuestra ILP no saliese adelante, únicamente será debatida la propuesta de ley presentada por PNV y PSE.

Y, siendo esta prestación uno de los elementos nucleares de nuestro sistema de protección social, realizar el debate de esta manera, es decir, sin debate, dice mucho de la falta de sensibilidad democrática de este gobierno. Es más, haberla tramitado de esta manera tiene una clara intención que no es otra que neutralizar la ILP. Repasar el proceso nos lleva a esta conclusión. Veamos, en mayo de 2017 el gobierno de la CAV presentó su propuesta para la reforma de la ley 18/2008. El gobierno justificó entonces la necesidad de la propuesta en el mandato del Parlamento vasco instando al gobierno a «promover un pacto social de amplio consenso para consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de protección social».

Desde la presentación de la propuesta se han realizado varias comparecencias paralamentarias en la Comisión correspondiente, en la que la Carta también ha participado trasladando su valoración negativa sobre la propuesta presentada.

Siendo así las cosas, desde la Carta, en marzo de 2018 se presenta para su puesta en marcha la ILP ante el Parlamento de Gasteiz, para a través de la recogida de las firmas necesarias, solicitar la modificación de las leyes actuales, con el objetivo de garantizar una renta de ingresos en cuantía digna y accesible a más personas, así como para garantizar el derecho efectivo a la vivienda.

El 28 de abril, el PNV y el PSE dinamitan el proceso participativo iniciado presentando una propuesta de ley. Las razones para dar este paso, se argumentan en la necesidad de acelerar en el tiempo la aprobación de la reforma. El acuerdo del PNV y PSE renuncia de esta manera a buscar el consenso social necesario en torno a esta cuestión.

Esta proposición de ley tiene como referencia el documento de bases presentado por el Gobierno hace un año y por lo tanto, la reforma incluye, medidas que ya criticamos por suponer nuevos recortes en la RGI sobre la regulación actual. Su contenido hace oídos sordos a las comparecencias realizadas por el movimiento social, la mayoría sindical, y la ILP presentada, y mantiene las medidas ya criticadas en su momento.

En este contexto, la Carta defenderá en el próximo pleno la ILP presentada. LLevaremos la voz de 51.000 firmas al Parlamento. Hablaremos sobre la necesidad de otro sistema de protección social, de la necesidad de profundizar en la cohesión social y de la necesidad de garantizar un debate democrático en torno a esta cuestión. En este sentido, exigimos al Parlamento Vasco que dé luz verde a este debate social. Además, denunciaremos el talante antidemocrático del Gobierno Vasco y nos mostraremos contrarias a su propuesta de ley, porque fue diseñada para neutralizar nuestra ILP, porque recorta aún más la protección social y porque evita realizar un debate tan necesario como es éste.