Desde que Castilla conquistara Navarra (1512-1521), la imposición del castellano a una mayoría de población vascohablante ha sido uno de los ejes en los que se ha fundamentado la política de colonización de la Alta Navarra. Esta asimilación lingüística se agudizó con la llegada de Carlos III de Castilla y VI de Navarra en 1759, ya que se inició en todos los dominios hispanos una política de reforma de la enseñanza, con exaltación, implantación e imposición sistemática del castellano como lengua oficial del Imperio, al objeto de que todos los súbditos hablaran la misma lengua. Esta política lingüicida se intensificó en el siglo XIX y se recrudeció durante la dictadura fascista.

Así, la política de colonización castellana o española logró uno de sus principales objetivos: la conversión de la mayoría vascohablante altonavarra del siglo XVI en una minoría lingüística en grave riesgo de extinción. Ese plan de aniquilación, al igual que en el resto de territorios de Euskal Herria, se apoyó en una ideología supremacista, cuestión que inculcó en la ciudadanía considerar normal la ausencia de derechos lingüísticos o la pérdida de la transmisión de la lengua propia.

Con la muerte del dictador fascista, el movimiento que luchaba y sigue luchando por la recuperación del euskara logró que en 1980 el Parlamento de Navarra aprobase una resolución para que el euskara fuese lengua oficial en todo el territorio de la Navarra autonómica; pero los poderes fácticos del régimen postfranquista maniobraron para imponer en 1986 la Ley del Vascuence, con una zonificación lingüística carente de todo rigor histórico o sociolingüístico, cuya única pretensión consistía en la perpetuación de la situación de sometimiento y minorización. Política que impide, frecuentemente, el aprendizaje del euskara, su uso en la administración o lo invisibiliza en el paisaje lingüístico.

En mayo de 2015 se abre una puerta al cambio en la política lingüística con el gobierno cuatripartito. Algunas cosas mejoran, aunque someramente, pero pronto observamos la ausencia de voluntad de redactar una ley de oficialización del uso del euskara en toda la Comunidad Foral, y lo único que se hace es dar la oportunidad a los Ayuntamientos de la mal llamada zona no-vascófona para que pasen a la zona mixta, produciéndose una zonificación todavía más estrambótica que la anterior; y redactar un nuevo decreto (de mínimos) del uso del euskara, que es el que ha quedado en gran parte anulado por las dos sentencias del TSJN.

Son varios sindicatos de ideología españolista los que han interpuesto estos pleitos contra el decreto de uso del euskara, amparándose en una supuesta imposición de nuestra lengua y de discriminación de las y los hablantes monolingües castellanos, cuando resulta evidente que la lengua que se impone a la ciudadanía altonavarra en todo momento es el castellano. En realidad han actuado cual lacayos de esas estructuras de poder herederas de las que nos impuso el imperio hace más de 500 años.

La única vía para superar esta situación es una ley que oficialice el euskara en toda Nafarroa, y una política lingüística que asegure a toda la población navarra el derecho a saber euskara y garantice a la población vascohablante el derecho a vivir plenamente en dicha lengua.

Los lacayos del imperialismo lingüístico contraatacan ARTÍCULO OPINIÓN WEB