NOTA FINAL DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO VASCO: SUSPENSO

Estos cuatro años de gobierno del PNV-PSE no han sido más que la continuación de los cuatro anteriores. Podríamos resumirlo en dos palabras: privatización y segregación.

Las políticas desreguladoras del departamento liderado por Cristina Uriarte han tenido como punto de partida el aumento de los conciertos educativos (sobre todo en etapas no obligatorias). Así como la permisividad en el incumplimiento de la planificación educativa y la normativa de admisión por parte de la red concertada. Al igual que ocurre en otras administraciones del estado y regiones europeas gobernadas por las derechas, la educación pública está dejando de ser la herramienta de la administración para garantizar el derecho a la educación para convertirse en una red subsidiaria. Así la educación pasa de ser un derecho a ser producto de venta, ya que queda en manos de centros de titularidad privada. Las consecuencias directas de estas políticas son dos: empeoramiento en los procesos de aprendizaje y aumento de la segregación escolar. STEILAS viene denunciando esta situación desde hace tiempo, a su vez constatada tanto mediante evaluaciones externas como por diferentes informes y estudios.

Por otro lado, y como consecuencia directa de todo ello, la segregación escolar, por cuestiones socioeconómicas ha alcanzado cotas inconcebibles para una democracia. Cabe recordar que cuando hablamos de segregación escolar hablamos de vulneración de derechos humanos. En este sentido, queremos reseñar y agradecer el esfuerzo llevado a cabo por diferentes plataformas y movimientos sociales para denunciar estas políticas de exclusión. STEILAS hace un llamamiento para que todas estas plataformas se unan para reivindicar el papel de la escuela pública vasca e impulsen movilizaciones populares con el objetivo de revertir esta insostenible situación.

En el ámbito político la situación resulta desoladora. Reconocemos que a lo largo de esta legislatura hemos visto en el parlamento vasco gestos y propuestas positivas en este sentido por parte de ELKARREKIN-PODEMOS y EHBildu. Pero el apoyo a los presupuestos privatizadores del PNV por parte de unos y la indefinición de los otros en torno a la educación de titularidad privada han hecho que la sensación de orfandad que padece la escuela pública vasca se constate cada día. Del resto del arco parlamentario recibimos lo que esperamos.

La propuesta estrella del Gobierno para esta legislatura era la Ley Vasca de Educación. Ley que, según el PNV y el PSE, serviría para hacer frente a la segregación. Aunque cuesta entender entonces porque votaron en contra de tramitar la ILP presentada por Zubiak Eraikiz. Lo cierto es que esta Ley, metida en un cajón en el despacho de la Consejera, no es más que el marco legal para acabar de apuntalar la situación de privilegio de la red privada concertada. Esta intención del Departamento de Educación es conocida por toda la comunidad educativa. La fuerte oposición de todos los agentes que apoyamos la red pública y nos mostramos en contra de la privatización han conseguido que esa Ley basada en la LOMCE se paralice.

En lo que a la negociación colectiva se refiere, la legislatura ha tenido claroscuros. Se han firmado acuerdos positivos que han tenido diferente grado de desarrollo. A pesar de ello, gran parte del colectivo formado por trabajadores y trabajadoras de la enseñanza vasca en general sigue padeciendo situaciones de precariedad. Los principales problemas que padecen las trabajadoras de los centros educativos son la interinidad, jubilaciones, pérdida de poder adquisitivo, ratios y cargas de trabajo inasumibles. Problemas ante los que el departamento de educación se niega ni siquiera a negociar. Pero la principal amenaza que se cierne sobre la escuela pública vasca es el cierre de escuelas. Miles de puestos de trabajo penden de las decisiones que el PNV y el PSOE vayan a tomar en torno a la privatización del servicio.

Para finalizar queremos hacer varios emplazamientos al Gobierno entrante:

1. Que apueste definitivamente por mejorar las condiciones de extensión de la red pública y deje de privatizar el sistema educativo.
2. Que abandone las políticas de concertación universal y mercantilización educativa.
3. Que afronte una negociación colectiva con compromisos firmes de llegar a acuerdos con la mayoría sindical en todos los sectores que conforman el sistema educativo.
4. Que tome de manera urgente medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
5. Que garantice la gratuidad real de la red pública desde los 0 años hasta la universidad.
6. Que ponga medios para impulsar políticas feministas reales y proyectos basados en la pedagogía feminista.
7. Que aparque definitivamente la Ley de Educación basada en la LOMCE y elabore otra que sirva para desarrollar un sistema educativo propio.
8. Que garantice una inversión de, al menos, el 6% del PIB en la enseñanza pública