El aumento de la privatización que afecta al sistema educativo de la CAPV está siendo tema de debate en numerosos foros y medios de comunicación. En la mayoría de los casos, estos debates se desarrollan desde el prisma ideológico de la persona que opina, pero sin reparar en los mecanismos que favorecen la privatización del sistema o el sostenimiento de privilegios con dinero público. Las políticas de clientelismo entre determinados centros de titularidad privada y el PNV son muy evidentes. Resulta indignante, que no sorprendente, la pasividad del PSE, socio de gobierno del PNV, en esta cuestión. Las irregularidades y la arbitrariedades que se están cometiendo a la hora de financiar con dinero público determinadas iniciativas de titularidad privada han puesto patas arriba la función de nuestro sistema educativo como elemento básico de cohesión social. No es esta la única causa de segregación escolar en nuestro sistema educativo, pero si una de las principales. Trataremos de explicarlo con ejemplos reales.

La administración establece una planificación de los conciertos educativos para cada centro privado para un periodo de seis años, determinando cuántas aulas va a tener cada colegio. En muchos casos la planificación inicial se ve superada a lo largo de este ciclo de seis años aunque exista oferta suficiente para cubrir este aumento de demanda en escuelas e institutos públicos del entorno. Algunas decisiones políticas se toman de manera arbitraria (como es el caso del Colegio Munabe) y de manera irregular en otras, como es el caso de la Ikastola Laskorain de Tolosa. En este caso, la propia delegación de educación de Gipuzkoa realizó un informe en el que consideraba que no era necesario un aumento del numero de aulas en bachiller para Laskorain: “se entiende que los cuatro grupos planificados en la actualidad son suficientes, por lo que no ha lugar a la modificación de la planificación.” Además, esta Ikastola privada concertada no contaba con la correspondiente autorización administrativa para planificar el número de aulas de bachiller solicitadas. Pero llegó el PNV, desde su dirección de centros en Lakua, y el 8 de marzo concedió los permisos necesarios para poder concertar esa aula no autorizada previamente que actualmente opera al margen del marco legal vigente. Como consecuencia, Tolosa pasa a tener una oferta educativa, sumando centros públicos y concertados, de 430 plazas para 307 alumnos y alumnas generando un excedente innecesario y perverso para la escuela pública. Esta práctica es habitual y está extendida a lo largo y ancho de la CAPV.

Otro claro ejemplo es lo que viene sucediendo en el primer ciclo de educación infantil. En Oion, por ejemplo, existe una Haurreskola pública que oferta 55 plazas para niños y niñas de hasta dos años. A día de hoy, hay 15 criaturas matriculadas. Pero, al mismo tiempo y a escasos 100 metros, el departamento de educación ha dotado durante los últimos años con cerca de 70 mil euros anuales a las aulas privadas del primer ciclo de educación infantil del centro privado concertado. Además, a las niñas y niños matriculados en las aulas privadas, se les garantiza el itinerario en el propio centro, mientras que las niñas y niños matriculados en las Haurreskolas públicas deben participar en el proceso de admisión establecido por el propio Departamento de Educación. Este hecho también se repite en todos y cada uno de los barrios y municipios de la CAPV.

Son muchos más los mecanismos que el PNV y el PSE establecen para situar en un punto de partida aventajado a los hijos e hijas de familias que optan por determinados centros concertados. En este sentido, resultan bochornosos los intentos por invisibilizar estas situaciones de privilegio financiadas con dinero público. Curiosamente la pretensión de meter debajo de la alfombra estas y otras muchas cuestiones, no sólo vienen de la mano del gobierno. Otros agentes, muchos de ellos del ámbito progresista, prefieren mirar hacia otro lado alegando la necesidad de superar la dicotomía entre lo público y lo privado.

En todo caso, lo que la evidencia viene demostrando es que la política educativa del PNV y PSE sustentada en garantizar “la libertad de elección de centro” para determinadas familias conlleva reforzar la segregación social y aumenta, de manera innecesaria, el gasto educativo. La duplicidad de servicios y la sobreoferta traen consigo mayor segregación escolar y menor cohesión social. Por todo ello, desde STEILAS exigimos que se acabe con las política educativas neoliberales, las arbitrariedades e irregularidades que favorecen la privatización del servicio educativo, que se dé mayor inversión, que se priorice y se ponga en el centro del sistema educativo la red pública, la única red que es realmente universal y cohesionadora desde una perspectiva de justicia social.