El Departamento de Educación ha decidido ignorar las graves consecuencias que la mala gestión del inicio de curso ha tenido en los centros públicos y se ha dedicado a abordar retos que parecen de mayor importancia. El lehendakari anunció que la nueva ley de Educación se adelantará un año. Aunque desconocemos el motivo de tanta urgencia, si atendemos a lo que se ha hecho público, se nos dice que habrá acuerdo y con quién se realizará, lo que no está claro es sobre qué se realizará. Parece ser que necesitamos una ley, pero ¿para qué, para cambiar algo o para dejar las cosas como están? Inevitablemente nos asaltan algunos pensamientos cuando quienes defienden posturas políticas tan distintas, hablan de acuerdo con tanta facilidad e incluso ponen fecha ¿Cuáles son los puntos de encuentro que tienen en el ámbito educativo?

Poco sabemos de este consenso ya que no ha sido contrastado con la comunidad educativa, pero por lo que PNV y EHBildu han hecho saber, a través de la prensa, parece que se pretende descentralizar la gestión de los centros educativos aumentando la función del ayuntamiento, es decir, fomentando la participación local y, de paso, reforzando la autonomía de los centros.

Los ayuntamientos ya forman parte del sistema educativo, están por ejemplo en el órgano de máxima representación y decisión del centro, del mismo modo tienen competencia para organizar actividades fuera del horario escolar. Tampoco podemos olvidar la participación municipal en el Consorcio Haurreskolak y las diversas situaciones que esto ha generado. En cualquier caso, no tenemos ninguna duda de que reforzar su participación puede ser beneficioso, pero para que esa participación sea real y válida se requeriría de unas condiciones de igualdad previas en todos los centros. De no ser así, la participación desigual sólo serviría para aumentar y legitimar las desigualdades ya existentes. Sería ingenuo no tener en cuenta la diversidad de colores políticos y de recursos económicos de los ayuntamientos.

No tenemos más que observar la diferencia que actualmente existe en las infraestructuras de los distintos centros educativos competencia de los ayuntamientos, ni qué decir tiene la diferencia respecto a las infraestructuras de los centros de titularidad privada. La descentralización incrementa la desregularización, esto unido a la mercantilización de la educación, a la competencia entre centros y al falso derecho a decidir de progenitores, nos llevaría a aumentar la brecha entre los centros, depositando la responsabilidad de su éxito o fracaso en la escuela. Así, el Departamento de Educación evitaría responsabilizarse de los centros que son de su titularidad y no respondería a los graves problemas que a día de hoy tenemos en educación.

Podemos intuir que para prevenir lo anterior se nos hablará de mecanismos para evitar esa desregulación. El problema es que actualmente ya contamos con muchas de estas normativas pero no se cumplen, como es el caso de la prohibición de cobrar cuotas, un mecanismo que de llevarse a cabo serviría para disminuir la desigualdad entre centros. Es evidente que para reconducir la problemática que a día de hoy tenemos fruto de un sistema segregador, necesitamos una legislación que actúe a favor de la educación pública de forma contundente y no más documentos llenos de intenciones y palabras grandilocuentes.

Quisiéramos saber por ejemplo, cómo se puede trascenderse la dicotomía público/privada sin cambiar la titularidad de los centros. Al margen de ser un oxímoron, el concepto es tremendamente peligroso, ya que siguiendo esta premisa, todas aquellas entidades que den un servicio, al margen de su entidad jurídica, se transformarían mágicamente en servicios públicos siendo tratados como tales y subvencionados en su totalidad con dinero público. ¿Realmente pretenden quienes se entienden en la izquierda hacernos creer que esta propuesta híbrida y contradictoria es más realizable que una publificación paulatina del servicio?

Por lo tanto, agradeceríamos al lehendakari Urkullu, así como a quienes han llegado a consensos con él, que aclarara no tanto cuándo se publicará la ley sino qué medidas tomará, más allá de las que existen e incumplen a día de hoy, para solucionar los problemas que genera el sistema educativo público-privado dual que tenemos en la CAV. Puesto que a no ser que tomen otro tipo de medidas, dar mayor competencia al ayuntamiento no hará desaparecer el 49% de concertación que tenemos.

En STEILAS estamos a favor de las políticas comunitarias y participativas, por eso precisamente defendemos la Escuela Pública Vasca, porque esta es la esencia de la comunidad. Y es que el fortalecimiento de lo comunitario deviene en servicio público, y tan sólo se puede dar en este marco.

La escuela pública es en esencia participativa, ya que ese es el principio del servicio público, no necesitamos otra ley para regular eso. Lo que necesitamos desde hace tiempo son medidas que aseguren su supervivencia y no creemos que esta sea la intención del pacto educativo que tanto anuncian. Por lo tanto, seguiremos luchando hasta tener una política educativa que apueste por la Escuela Pública Vasca, porque esa es la única posibilidad de supervivencia tanto para nuestra lengua, como para nuestra sociedad.