Del 17 al 23 de febrero, celebramos la semana de la lucha contra la pobreza energética, para conmemorar la tercera y última de las oleadas de frío que recorrieron Europa en febrero de 1956. Durante dicho mes, Europa soportó heladas excepcionales y un frío intenso, completando el invierno más duro desde que existen registros, tanto en Europa como en Euskal Herria.
Hablamos de pobreza energética cuando la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y hacer un uso normal de la energía. Pero para ello, hay que poder pagar las facturas y no endeudarse y, por desgracia, el retraso en el pago de las facturas de la luz es también algo normalizado en muchas familias. Cuando estos hogares cuentan con niñas, niños y jóvenes, la situación empeora aún más, ya que se priorizan su bienestar o su alimentación (muchas veces no saludable) por delante del pago de facturas.
También es importante subrayar la relación entre la precariedad en los servicios básicos y la desigualdad de género. Y es que las facturas impagadas e impagables afectan en mayor medida a las mujeres, ya que son quienes viven más ligadas al espacio privado (hogar) y al trabajo de cuidados, aumentando así problemas de estrés y salud. Las consecuencias de la pobreza energética comprenden todos los aspectos de la vida de la persona que la sufre y no hay duda que la responsabilidad de la gestión del hogar, tiempos, estigmatización… recae mayoritariamente sobre las mujeres. Sin servicios energéticos esenciales no se pueden garantizar unas condiciones de vida dignas.
Desde STEILAS consideramos que la energía es un bien común esencial y debe gestionarse con las obligaciones de servicio público que ello conlleva, como ya reconocía en el año 2013 el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen sobre pobreza energética en Europa.
En lo que se refiere a los derechos energéticos de la infancia y adolescencia, es importante conocer cómo es la vida de las niñas, niños y jóvenes en los hogares con suministros básicos amenazados, ya que vivir en esta situación tiene consecuencias de muchos tipos entre la población más joven. Si hablamos de salud física, los principales efectos son la mayor frecuencia, intensidad y permanencia de enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis, así como los problemas relacionados con una nutrición inadecuada. En cuanto a la salud mental, cabe recordar que la población adolescente es la más afectada por las situaciones de estrés, culpabilidad o estigma, que puede estar relacionado por ejemplo con la falta de higiene personal. Existen datos que nos hablan de cómo los adolescentes bajo precariedad energética tienen 5 veces más posibilidades de desarrollar problemas de salud mental que el resto de población de su edad. También el rendimiento educativo se ve afectado: la mayor propensión a la enfermedad se traduce en un mayor absentismo, mientras que la limitación de recursos energéticos dificulta desarrollar las tareas previstas para realizar en casa.
El corte de suministros supone una amenaza para la propia seguridad de las niñas, niños y adolescentes, ya que al tratarse de recursos imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, las familias utilizan alternativas menos seguras para cubrirlas. Un ejemplo de ello son las estufas de gas o el acceso irregular a la red eléctrica, con el gran riesgo de traumatismos eléctricos, incendios o intoxicaciones que ello supone.
Si desde la perspectiva de los derechos de la infancia y adolescencia proporcionamos educación o salud y la precariedad energética vulnera ambas, es tiempo de pensar en una habitabilidad digna y con una cantidad de energía digna. Debemos comprometernos en su salud física y mental. No podemos hablar de igualdad de oportunidades sin tener en cuenta los suministros básicos y la seguridad de la viviendas.
La mejora de los sistemas de detección es una necesidad urgente, ya que una gran parte de los casos pasan inadvertidos en el actual circuito. Para ello, desde STEILAS creemos que sería importante contar con los centros educativos y sus profesionales, actualizando los protocolos y la formación necesaria, para poder así detectar estos casos y poder intervenir desde las administraciones.
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