El proyecto de Ley de Educación se presentó ayer en el Consejo de Gobierno y se espera que llegué al parlamento cuanto antes. Creemos que el proceso parlamentario será más breve de lo habitual puesto que el ejecutivo ya tiene todo atado y bien atado. Y es que al margen de las variopintas representaciones de participación que han acompañado a su proceso de elaboración, ha sido evidente que esta ley se ha realizado a espaldas de la comunidad educativa. Es por eso que la ley nace sin consenso social, con gran parte de la comunidad educativa en contra y sin recoger las reivindicaciones históricas que nos han acompañado desde la última ley.

La ley responde al espíritu privatizador del Gobierno Vasco y de los partidos que lo apoyan en esta aventura. Es por eso que hace caso omiso a las recomendaciones que la propia asesoría jurídica del gobierno vasco realizaba en su informe referente al decreto de planificación y se empecina en nombrar el Servicio Publico Vasco de Educación como un ente que equipara a la red pública y la concertada. Tanto es así, que aparece recogido en el proyecto de ley no una ni dos veces, sino 11 y en mayúscula.

El documento que acabamos de conocer sigue sin dar pasos concretos para luchar contra la segregación. En parte porque no toma ninguna medida real para hacer que la escuela pública vasca sea el eje central del sistema educativo, pero también porque fomenta la competición entre centros. Esta lógica neoliberal se trasluce, por ejemplo, mediante el uso de los contratos programa, término que aparece 26 veces en el documento. Este recurso, otorgado tanto a centros públicos como privados, hace que el acceso a recursos no esté al alcance de todos los centros por igual, ya que depende de la capacidad de realizar peticiones y rendir cuentas. Posteriormente, el documento habla de respetar y fomentar la innovación educativa y pedagógica, que entendemos será para quien se lo pueda permitir. Una vez más el Departamento de Educación hace dejación de su responsabilidad y abandona a los centros que son su responsabilidad directa.

Los recursos que sí se otorgarán con discrecionalidad serán los conciertos económicos a centros privados, ya que el documento no explicita requisitos ni mecanismos de control para limitar la concertación universal. Incluso desaparecen desde el último borrador expresiones como por ejemplo “…tales centros no pueden cobrar cuota alguna por la impartición de tales enseñan.” (Artículo 22.2)

Respecto al Euskera tampoco hay cambios sustanciales. Se reconoce su carácter como lengua minoritaria y minorizada, pero sigue sin existir obligatoriedad para que sea lengua vehicular en todos los centros educativos, es decir, siguen sin darse pasaos hacia un modelo de inmersión. En cualquier caso, será difícil que los centros concertados sean laicos, gratuitos o euskaldunes ya que se debe respetar la identidad del centro. (Artículo 32.5)

No podemos pasar por alto la disposición cuarta en la que establece la constitución de un Consejo Asesor sobre condiciones laborales. Esta entelequia, con cuestionable encaje legal, es un claro ejemplo de lo que pretende la ley. Genera un consejo en el que se pretenden negociar los derechos de las y los trabajadores de la escuela pública y la privada en la misma mesa. Pero ¿qué sentido tiene cuando la ley no abre ninguna vía real a la publificación? En todo caso, imaginamos que este consejo no puede tener una función efectiva ya que, entre otras cosas, la cuota de representación de cada participante sería confusa.

Estos son algunos ejemplos que constatan la ausencia de cambios sustanciales en el proyecto de ley. El documento permanece inamovible e ignora las multitudinarias manifestaciones que se han opuesto a lo que ayer se hizo público. En cualquier caso, tampoco debería sorprendernos tanto, ya que esta ley falta de concreción, constituye un marco legal para los decretos de planificación y admisión, o para las ordenes de conciertos que se han venido publicando. Hace tiempo que el objetivo de este gobierno está claro, blindar la red educativa concertada ante la bajada de natalidad. Ahora sólo queda ver que opinan quienes conforman el arco parlamentario. La sociedad ya ha hablado.