Tras la vorágine de la campaña electoral en la que sólo nos correspondía observar, ya depositado el voto en la urna, nos disponemos a hacer nuestra lectura. En resumidas cuentas, parece que gobernarán los mismos. Así que no sabríamos si emplazar a este gobierno viejoven a que encare nuevos retos, o si pedirle que se responsabilice de los que dejó pendientes. En cualquier caso, si nos disponemos a enfrentar los retos que tendrá esta legislatura en materia de educación, necesariamente tendremos que mirar al pasado y poner sobre la mesa las tareas pendientes: eliminar la segregación escolar y euskaldunizar. Porque imaginamos que no será el proceder de este gobierno el de desentenderse de lo perpetrado hasta ahora en educación.

No es que estemos malpensando, sino que ha sido llamativo presenciar los esfuerzos manifiestos que se han hecho en campaña por evitar el tema de educación y de la recientemente aprobada ley. Atendiendo a los debates electorales, alguien pudiera pensar que no es uno de los servicios públicos vertebradores de nuestra sociedad, o peor aún, que no está privatizado. No olvidemos que, en toda la Unión Europea, sólo Bélgica supera el indice de privatización de la Comunidad Autónoma Vasca.

Parece que nadie se responsabiliza hoy del acuerdo educativo que obtuvo un 90,6% de apoyo en el arco parlamentario, y que sembró el germen de nuestra actual ley de educación. Claro que somos conscientes de que no todos los partidos políticos que suscribieron el acuerdo apoyaron finalmente la ley, pero si a día de hoy no estuvieran de acuerdo, parece cuando menos extraño no haberlo mencionado en campaña. ¿Se avergüenzan acaso? ¿Tal vez no fueran convicciones políticas sino otro tipo de intereses lo que llevo a ese 90,6% a promover la ley?

En parte es comprensible, ya que parece difícil defender en campaña una propuesta que equipara e iguala, en derechos pero no en deberes, red privada y concertada. ¿Se imaginan esta propuesta en el ámbito sanitario? Habría sido difícil negar el espíritu privatizador de la ley de educación. Aunque dado el caso de que alguien hubiera tenido a bien defender la escuela pública vasca, podría haber contraargumentado que en esta legislatura ha aumentado un 30% la financiación a la educación privada y que la ratio para concertar aulas ha disminuido a 13. A lo que podría añadir que se ha ampliado la concertación a las aulas de dos años, lo cual ha supuesto un incremento en la financiación para la privada de 16 millones de euros. Estas afirmaciones serían difíciles de rebatir, ya que no tiene sentido ampliar la concertación cuando nos encontramos ante una preocupante bajada de natalidad. Podría también haber recordado que se siguen cobrando cuotas ilegales en la escuela concertada o que aun cuando se ha promovido la gratuidad en el Consorcio Haurreskolak, no se han puesto recursos para poder sostenerla y se ha recortado el servicio. Y si alguno de los partidos políticos creyera realmente en la cohesión social, podría haber recordado que el 67% del alumnado vulnerable se matricula en la pública o que el 96% del alumnado de Loiu, por ejemplo, pertenece a un centro privado y que se traslada allí en autobús, para regocijo del medio ambiente.

Tristemente, todo esto parece haber desaparecido de forma intencionada en campaña. Pero a nosotras no se nos ha olvidado, porque nos queda claro que aun cuando el parlamento haya legislado a espaldas de las multitudinarias manifestaciones que se han sucedido, este no es el sistema educativo que merecemos. Así que seguiremos peleando en las calles, en los colegios, en las universidades y donde haga falta hasta que la escuela pública vasca sea el eje vertebrador de nuestro sistema, ya que es la única que es de todas y para todas y la única que puede garantizar la inclusión y la euskaldunización de nuestro alumnado.