añana entramos en el mes de septiembre y en un nuevo curso social y político con unas urgencias sociales que exigen respuestas sin dilación, entre otras las que nos afectan a las personas pensionistas, como son las pensiones, la salud y los cuidados.

Los retos a que nos enfrentamos son muy importantes y lejos de bajar la guardia al Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria nos toca analizar y precisar los problemas a que nos enfrentamos, las reivindicaciones y demandas a plantear y, sobre todo, preparar las respuestas y movilizaciones a llevar cabo para conseguirlas.

Retos y demandas específicas en Euskal Herria

Llevamos años demandando ante los Parlamentos y Gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Nafarroa el complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros, cantidad ya muy limitada después de más de 6 años en que iniciamos su petición y que ha visto muy mermada su capacidad para poder vivir de un modo mínimamente digno por el elevado alza del coste de la vida en estos años.

La respuesta a esta demanda ha sido hasta ahora de rechazo total por la mayoría del Parlamento y del Gobierno de Gasteiz. Y por parte del Gobierno de Iruñea y de las fuerzas que lo componen no ha habido, hasta el momento, más que un cierto compromiso con el grupo parlamentario de EH Bildu de crear un grupo de trabajo para estudiar una serie de medidas legislativas y modificaciones normativas para que, mediante deducciones en la declaración del IRPF, se garantice a las pensiones mínimas una renta de 15.120 euros anuales (1.080 x 14) para el 2025. Pero no se puede afirmar con claridad que ese “cierto compromiso” se vaya a convertir en realidad.

Las condiciones económicas en la CAV y Nafarroa permiten complementar las pensiones mínimas a 1.080 euros, más aún cuando en los últimos años han crecido los presupuestos debido a la mejora significativa de los ingresos fiscales. El problema es la falta de voluntad política para acometer esa medida cuando más de 160.000 personas pensionistas en la CAV y más de 50.000 en Nafarroa, en su mayoría mujeres, malviven con una pensión por debajo ‒o muy por debajo‒ de esa cantidad. Habrá que pelear con firmeza para que el complemento a la pensión mínima a 1.080 euros sea una realidad este curso.

Otro problema o reto fundamental para el movimiento de pensionistas es el de Osakidetza y el de las residencias, atención domiciliaria y otros servicios de cuidados. Este verano, aún más que en los anteriores, hemos venido conociendo recortes de horarios y cierres de ambulatorios, PACs y limitaciones en las urgencias de los hospitales; a lo que hay que sumar los problemas derivados de la incapacidad y mala gestión de los servicios de emergencias sanitarias. Y las medidas que se han propuesto para cubrir parte de esas deficiencias y problemas por falta de médicos y demás profesionales han sido, entre otras, aumentar las horas extras y el abono de éstas. Esto, sin olvidar el desvío de algunas intervenciones médicas urgentes a la sanidad privada.

Los problemas de Osakidetza no son coyunturales sino estructurales. Y aunque el nuevo gobierno de Gasteiz viene proponiendo un “pacto de país por la salud” ya veremos en que se concreta éste, pero no puede convertirse en una excusa o coartada para dilatar o no tomar medidas urgentes para paliar las graves deficiencias de Osakidetza.
Por otro lado, los problemas de las residencias, atención domiciliaria, etc., están fuera del circuito de las preocupaciones de las instituciones, pues más allá de sus declaraciones en defensa de las necesidades de atención y unos cuidados de calidad para las personas mayores, asistimos a una situación en la que no se toma ninguna medida concreta posibilitando, eso sí, que, a través de las concertaciones con empresas gestoras de residencias, éstas obtengan unos jugosos beneficios. Otro tanto ocurre con los acuerdos con las empresas gestoras de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), empresas gestoras que solo sirven para que las instituciones se desentiendan de esta responsabilidad social, posibilitando de igual modo beneficios privados a estas.

Tomar iniciativas amplias y plurales para recuperar Osakidetza como un servicio de salud público y de calidad, con unas condiciones laborales dignas para sus profesionales, va a ser muy necesario. De igual modo, frente a las concertaciones y privatizaciones de los servicios de atención a las personas mayores, continuar exigiendo que sean de carácter público, universal y gratuito, constituye una tarea de sumo interés y necesidad social.

Exigencias al Congreso y al Gobierno del Estado de las demandas pensionistas pendientes.

El último acuerdo sobre pensiones entre el Gobierno, CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT ha traído algunas pequeñas mejoras parciales, pero no ha puesto freno al deterioro y recortes de los últimos años y su objetivo fundamental es prolongar la edad media de jubilación y reducir los costos en las pensiones.

Para las plataformas y movimientos de pensionistas ‒entre quienes se encuentra el MPEH‒ que participan en la unidad de acción estatal, continúan siendo reivindicaciones básicas pendientes: recuperar lo perdido desde 2011 y garantizar la subida del IPC; mejora sustancial de las pensiones mínimas hasta el nivel del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); recuperar la tasa de reemplazo salario y pensión, que se está reduciendo por los recortes de las pensiones; acabar con la brecha de género que se sitúa en el 37%; realización de la Auditoria de las Cuentas de la Seguridad Social; eliminación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados; garantizar el sistema público de pensiones mediante la creación de empleos de calidad y la mejora sustancial de los salarios y cotizaciones; derogación de la ley 12/2022 de fomento de los planes de pensiones de empleo.

Nada de esto ha formado parte de las negociaciones y acuerdos pactados el 31 de julio entre el Gobierno, CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz Salgado ni siquiera se ha dignado todavía dar respuesta a la solicitud de encuentro que se le hizo en mayo por las plataformas y movimientos de pensionistas de la unidad de acción a nivel estatal.

Por ello no cabe otra alternativa que continuar movilizándose para que esas demandas básicas sean atendidas. Entre otras iniciativas compartidas y previstas está la convocatoria descentralizada que se llevará a cabo el lunes 30 de septiembre en torno al Día Internacional de las Personas Mayores y la realización de una manifestación unitaria en Madrid el 26 de octubre.