En primer lugar haremos una contextualización, ya que este tema viene de largo y lo ocurrido en los últimos años puede ayudar a entender cómo hemos llegado a la situación actual.

Ya en 2011, el Consejero Pérez-Nievas intentó extender los programas British de 6 centros a toda Navarra, pero el British Council no se lo autorizó. Comenzaron así los programas TIL que después pasaron a denominarse PAI y, en el curso 2014, sin una planificación previa, los ampliaron un 50% hasta representar 84 de los 267 centros de Navarra. Actualmente, en gran parte de Navarra las familias no pueden elegir si quieren PAI o no: Los PAI-A, PAI-D y PAI-G son modelos lingüísticos de facto que las familias no pueden elegir.

Del único informe de evaluación que se ha realizado del programa se extrajo la conclusión de que el programa empeora significativamente el aprendizaje del alumnado de incorporación tardía y con bajo nivel socioeconómico. Además, con la figura de la tutora-cotutora, se sustituyeron más de 700 puestos de especialistas en Infantil y Primaria por maestras con perfil C1, y se eliminaron más de 300 puestos de especialistas en lengua inglesa, que no fueron sustituídos por ninguna otra especialidad, perdiendo los centros esos apoyos.

Ante la imposibilidad legal de sacar las plazas con requisito de lengua extranjera, el Departamento de Educación intentó cubrir plazas de perfil de inglés con diferentes artimañas:

  • Realizar entresacas en las listas de contratación con quienes tenían titulación de inglés para crear listas, inexistentes en la normativa, en los actos de adjudicación, y obligar al personal a ocupar un puesto de inglés.

  • Convocar una oposición de especialistas en inglés a fin de que dicho profesorado ejerciera de personal tutor.

A pesar de ello, una parte significativa del profesorado funcionarizado con anterioridad consiguió un destino definitivo en un puesto con perfil de inglés pero, cuando tuvo la ocasión, se trasladó a otro sin perfil. Por ello, entre otras causas, es tan alta la tasa de interinidad en los centros con PAI.

La normativa estatal impide convocar oposiciones en las que sea requisito una titulación C1 en lengua extranjera. Sin embargo, el Departamento de Educación de Navarra intentó que cada autonomía tuviese la potestad para decidir en cada convocatoria si exigía esa titulación. La antigua ministra de Educación, Isabel Celaá, propuso a los sindicatos modificar el real decreto de ingreso y todos los sindicatos salvo uno rechazaron categóricamente la propuesta. También en Navarra LAB, STEILAS, CCOO, ELA y UGT nos manifestamos en contra de este cambio.

Ante la imposibilidad de cambiar la normativa estatal, siguieron por la vía más peligrosa e injusta con un alto grado de inseguridad jurídica; redactar una ley foral para la funcionarización y contratación del profesorado con la exigencia de un perfil de lengua extranjera (cuando las lenguas extranjeras no son oficiales), y la creación de dos tipos de profesorado con iguales funciones pero derechos laborales diferentes: no obtener nuevas especialidades, no poder concursar a otro tipo de plazas, imposibilidad de moverse a otras comunidades, etc.

Esta Ley fue tramitada apresuradamente para evitar la negociación con los sindicatos y no abordar el problema de la interinidad en su totalidad (todas las especialidades, idiomas y cuerpos docentes). De esta forma, el Departamento hizo una convocatoria extraordinaria de estabilización en la que más del 80% de las plazas a estabilizar eran con requisito de lengua extranjera. Sin ir más lejos, estabilizaron 147 plazas en Primaria Castellano PAI y 152 en Infantil Castellano PAI, pero solo 1 en Primaria Castellano, 1 en Infantil Euskera y ninguna en Educación Infantil Castellano ni Primaria Euskera, cuando la interinidad en estas especialidades era y sigue siendo también muy elevada.

Los porcentajes a los que obliga la ley de reducción de la interinidad no se han cumplido en la Educación Pública de Navarra: nos encontramos ante un gran fraude. El objetivo del Departamento de Educación no era reducir al 8% la interinidad real en Navarra, sino disponer de un artefacto jurídico para modificar las plantillas, despedir al profesorado que no le interese sin indemnización ni ningún otro tipo de derechos e imponer una política contra la educación en euskera.

Los partidos que votaron en contra de la Ley del PAI tuvieron la oportunidad de suprimir las plazas con perfil de inglés cuando se discutió en el Parlamento, pero no lo hicieron. Además, el Gobierno de Navarra sabía que esa ley podía ser inconstitucional, por lo que el Consejero Remirez llegó a un acuerdo con el Gobierno de España para que no recurriese ante el Tribunal Constitucional. Siendo ambos gobiernos del PSOE, no les convenía armar mucho revuelo.


Ante ello, STEILAS decidió recurrir la Ley del PAI en el verano de 2022, un año antes de que concluyeran los concursos de méritos de estabilización. En junio de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra falló contra el recurso, y decidimos acudir a una instancia superior y presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pasado más de un año, dicho tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación, al considerar que puede haber indicios de inconstitucionalidad en la Ley del PAI.

STEILAS desconoce la sentencia del Supremo. Nuestro objetivo no es desfuncionarizar a nadie; nuesto objetivo era, y es, paralizar la Ley del PAI. Sin este recurso, el Gobierno de Navarra dañaría aún más la Educación Pública tanto en euskera como en castellano.

Los responsables de todos los perjuicios ocasionados tanto al profesorado estabilizado PAI como al que no tuvo oportunidad de participar en los procesos de estabilización y al alumnado al que no benefician en nada estos programas, son el Consejero de Educación Carlos Gimeno, la Directora General de Personal, Begoña Unzué y, por extensión, el Gobierno de Navarra. Por ello, les exigimos que solucionen la situación a la que han abocado a todas estas personas.

Acaso, ¿deberíamos callarnos y convertirnos en cómplices ante una flagrante vulneración de la legalidad?, ¿quedarnos inmóviles a favor de quienes no tuvieron ninguna posibilidad de estabilizarse?, ¿callarnos ante un artefacto jurídico urdido para imponer una política contra la educación en euskera?


En los últimos días hemos sabido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por STEILAS. El proceso será largo y pasarán meses hasta que se dicte una sentencia, pero está claro que, sea cual sea la sentencia, los únicos responsables son Gimeno, Unzué y el Gobierno de Navarra. Con sus decisiones pusieron en marcha un proceso que adolecía de seguridad jurídica y ahora, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias de dicho recurso, tratan de exculparse responsabilizando de la situación al sindicato STEILAS.