Fusionar dos escuelas públicas no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de las políticas educativas privatizadoras aplicadas y que, sin endulzar el término, supone el cierre de una de ellas.

Ya en la década de los 2000 los estudios demográficos indicaban la caída en picado de la natalidad que se avecinaba en Euskadi. Según datos del EUSTAT, se ha pasado de los 21.326 nacimientos en 2012 a los 14.240 en 2022. Es decir, un descenso de la tasa de natalidad de un 33,2% en tan solo una década. Como también se preveía y ,coincidiendo con este descenso de la natalidad, la población de origen migrante empadronada en Euskadi ha pasado de 70.000 personas (y apenas suponer un 3% del conjunto de habitantes) a 275.000 personas (y representar el 12,4%) en las dos últimas décadas.

Claro estaba, que estos profundos cambios en la composición de la población de Euskadi iban a requerir nuevas políticas sociales y educativas. Nos centraremos en explicar las decisiones que se han tomado sobre en torno a las segundas.

Lo cierto es que estas previsiones abrían una ventana de oportunidades para solucionar los principales problemas del sistema educativo que genera la dualidad en Euskadi: segregación escolar y escasa euskaldunización.

Pero nada más lejos de la realidad. La clase política, advertida por las patronales educativas, lejos de promover soluciones estructurales a los problemas del sistema educativo vasco, los ha perpetuado. El ejemplo más visible es el desarrollo y posterior aprobación en diciembre de 2023 de una ley de educación que establece como punto de partida lo que ha denominado Servicio Público Educativo Vasco; una hoja de ruta que apuesta por la red privada y perjudica enormemente la educación pública, el euskera y la cohesión social. Se trata de un intento fallido de igualar la educación pública y la privada, otorgándoles los mismos derechos para que, presuntamente, cumplan con las mismas obligaciones.

Simultáneamente, el Departamento de Educación iba aprobando unilateralmente decretos y medidas en favor de la red privada. Aquí algunos ejemplos:

  • Decreto de conciertos educativos 2022/2028 que disminuye de 17 a 13 el número de alumnas/os mínimo para formar grupo y recibir el módulo económico.

  • Concertación de las aulas de 2 años desde el curso 2023/2024, generando una falsa gratuidad en el acceso a la red privada concertada.

  • Aplicación del “índice de vulnerabilidad” en el proceso de admisión para el curso 2023/2024, desviando artificialmente alumnado de la red privada a la pública.

  • Aumento de los módulos de concierto educativo un 16% desde el 2020 al 2024.

  • Modificación de la Ley de Presupuestos 2024 para inyectar 67 millones a las patronales de la enseñanza concertada.

Como consecuencia de todo lo anterior, llegamos al proceso de matriculación 2025/2026 con planteamientos de “fusiones” de centros educativos públicos en Euskadi. Fusionar dos escuelas públicas no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de las políticas educativas privatizadoras aplicadas y que, sin endulzar el término, supone el cierre de una de ellas.

Exigimos al Departamento de Educación que adopte las medidas necesarias para revertir esta inercia privatizadora en detrimento de la escuela pública vasca y oferte para el próximo curso todas las plazas escolares posibles en las escuelas públicas, al mismo tiempo que limita la oferta de plazas concertadas no necesarias. Desde STEILAS seguiremos luchando para que así sea y que el sistema educativo vasco acabe siendo una red única, pública y euskaldun.

Pero el daño ya está hecho, es obvio. El Departamento de Educación propone fusiones parta dulcificar lo que supone cierres de escuelas públicas. En cualquier caso, dichos procesos no deberán suponer la supresión de ni un solo puesto escolar ni puesto de trabajo público más, y que, de llevarse a cabo, sean con el consenso de las comunidades educativas implicadas y en favor de la inclusión, la cohesión social, el euskera y, en definitiva, de la escuela pública vasca.