Desde STEILAS observamos con preocupación la proliferación de universidades privadas en el estado español que, lejos de cumplir los estándares académicos mínimos, funcionan muchas veces como academias disfrazadas de universidades, algunas incluso impulsadas por fondos de inversión y con un claro ánimo de lucro. Esta burbuja de centros privados amenaza el modelo universitario público y de calidad.

El Gobierno español intentó, mediante el Real Decreto 640/2021 promovido por el ex-ministro Manuel Castells, poner coto a esta dinámica de apertura de universidades privadas que no desarrollan plenamente sus actividades de docencia e investigación. Sin embargo, la norma no ha tenido el efecto esperado debido a que los informes técnicos de evaluación de la calidad de los proyectos universitarios, si bien preceptivos, no han sido vinculantes. A pesar de tener informes de evaluación negativos, múltiples proyectos de Universidad están a punto de culminar los trámites políticos y administrativos para su entrada en funcionamiento.

El Gobierno español, de la mano de la nueva ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha propuesto una revisión del Decreto, que busca establecer criterios más estrictos y objetivos, y ahora sí, exigir un informe positivo vinculante de la agencia de evaluación estatal (ANECA) o autonómica (en el caso vasco, Unibasq) para autorizar la creación de nuevas universidades, así como imponer nuevos controles y exigencias para garantizar la calidad de las universidades ya existentes. Entre estos criterios y exigencias se encuentran requerimientos de dimensión (mínimos de oferta docente -10 títulos de grado y 6 de master-, 4.500 estudiantes al cabo de cinco años desde su puesta en funcionamiento de los cuales el 50% en estudios de grado), justificación de la solidez económica del proyecto, obligaciones mínimas de inversión en investigación (5% del presupuesto total), obligaciones de presencia de grupos de investigación en convocatorias estatales e internacionales, etc.

STEILAS, como sindicato que defiende la enseñanza pública, ve con buenos ojos el intento de impedir la expansión incontrolada de proyectos supuestamente universitarios, máxime cuando todo ello ha conllevado el freno en el desarrollo de la Universidad Pública, cuando no, en algunos casos, su lento y progresivo desmantelamiento. Y es que en paralelo a toda esta expansión de la universidad privada hemos asistido a la congelación, y en muchos casos, reducción, durante años de los presupuestos de las Universidades Públicas, a la congelación de sus plantillas y a la precarización de buena parte de sus trabajadores, lo que ha limitado enormemente su capacidad para atender su compromiso con las demandas sociales de formación superior en grados y másteres con demanda o en nuevas áreas de conocimiento (consiguiendo las Universidades privadas adelantarse a la oferta pública, o compitiendo con ella en ventaja), lo que ha implicado un aumento en la desigualdad en el acceso a la formación universitaria. Euskadi no ha sido un oasis en este sentido y la UPV/EHU no ha gozado del trato que se merece como universidad pública vasca. Es por ello que pensamos que, para garantizar la calidad y la excelencia del sistema universitario, es imprescindible una adecuada financiación de la Universidad Pública. La misma LOSU plantea un horizonte del 1% del PIB para 2030.

En Euskadi, sin embargo, tanto por parte de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación como del principal partido en el Gobierno, el PNV, se han señalado algunos puntos propuestos en la modificación de la normativa, i. e. la autorización de las enseñanzas universitarias en línea que realizaría el Estado, y de las exigencias de dimensión de los centros universitarios (mínimo de 4.500 estudiantes), que han motivado su posicionamiento contrario a la disposición considerando que invade y cercena competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. El Rector de la UPV/EHU, por su parte, ha criticado también esos aspectos recentralizadores, si bien ha subrayado, a su vez, la necesidad de un mayor control sobre la calidad de las Universidades y una mayor defensa e impulso de las universidades públicas, aquí y en el estado.

Para STEILAS lo que está en juego no es un mero problema competencial. El PNV ya ha usado esta argucia en otras ocasiones, como la Ley de Vivienda, para seguir desarrollando políticas desreguladoras y liberalizadoras. Tampoco comparte el PNV, como ya ha manifestado el Consejero de Ciencia, Universidades e lnnovación, el horizonte de 1% del PIB para financiar a la Universidad Pública. Mientras tanto, asegura a un proyecto privado como Euneiz que lo acompañará y ayudará para que cumpla con los requisitos legales para ser considerada como universidad, o se apoya con grandes cantidades de dinero y recursos públicos la apertura de centros universitarios privados, caso de Basque Culinary Center o EDA Wines&Drinks.

STEILAS considera que, efectivamente, debe ser la propia Comunidad Autónoma la instancia competente para el desarrollo y regulación del sistema universitario vasco. Pero rechazamos frontalmente la lógica de mercado que impulsa muchas de estas iniciativas privadas y que convierte el derecho a la educación en una oportunidad de negocio. No podemos permitir que se permita funcionar como universidad a cualquier negocio educativo que no cumpla con unos mínimos que, en el caso de Euneiz, la realidad es que ni siquiera cumple la laxa normativa que se proponía endurecer. Apostamos por fortalecer la universidad pública vasca, garantizar su financiación y blindarla frente a una competencia desleal que no responde a criterios educativos, sino puramente económicos.