En abril de 2024 el Departamento de Educación solicitó al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) que realizara un estudio sobre el elevado absentismo del profesorado de Educación Pública. La demanda fue formulada por la directora general de Personal e Infraestructuras, Begoña Unzué, quien subrayó que las bajas se producían, sobre todo, entre el personal contratado, el 20,2% de las y los interinos y el 11,4% de las y los funcionarios en marzo. No se especificó la duración de estas bajas, pero sí se mencionó que los datos de 2023 eran similares.

Estos datos contrastan enormemente con los aportados por la Cámara de Comptos en su informe de fiscalización de 2023, en el que la tasa de bajas del profesorado era del 7,7%, la más baja del Gobierno de Navarra, únicamente por encima de la de las y los bomberos. Esa tasa era más alta en administración núcleo, en sanidad y en la policía foral. Por esas fechas, los sindicatos estaban reclamando mejoras en las condiciones laborales, y anunciaron movilizaciones si estas no se conseguían. Por otro lado, el informe del estudio que debía realizar el ISPLN no nos lo han enviado, y no sabemos si ni tan siquiera se ha efectuado. Por tanto, queda claro que la noticia de los datos sobre bajas docentes pretendía poner a la opinión pública en contra del profesorado.

Por eso estamos hoy aquí, frente al ISPLN, para denunciar la manipulación y, además, queremos representar con el fármaco Gimenol el impacto de las políticas del Gobierno de Navarra en las condiciones laborales del profesorado y, por supuesto, en la salud de nuestro colectivo. Quieren hacernos creer que se están llevando a cabo políticas «progresistas» porque en el gobierno no está UPN, pero el Régimen permanece. Esto resulta evidente en el pacto firmado en minoría con los sindicatos de derechas y en las carencias que ha supuesto para la labor docente.

El Departamento afirma que la interinidad estructural está en torno al 5%, pero la real se acerca al 50%. Además, el PSOE se suma a los poderes fácticos del Estado para no aplicar la Directiva 1999/70 de la Unión Europea y mantener la precariedad del profesorado contratado, atentando contra la fijeza de este personal.

Persisten los recortes salariales iniciados en la etapa de Zapatero. El PSN ha sido un colaborador imprescindible en las políticas para reducir el poder adquisitivo de las y los empleados públicos. Las y los docentes hemos perdido más de un 20% desde 2010.

En cuanto a las sesiones de docencia directa, no se han recuperado las obtenidas en el pacto suscrito para el periodo 2007-2011: 18,5 horas en Infantil y Primaria, y 17 horas en Secundaria por semana.

Además, ha aumentado enormemente la carga burocrática y metemos horas extras constantemente, sin compensación alguna. La jornada laboral del profesorado puede estirarse como un chicle. Por si fuera poco, han puesto en marcha una inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales sin los recursos necesarios, por ejemplo, a través de un Diseño Universal del Aprendizaje basado en pseudociencias, aumentando aún más la sobrecarga de trabajo y la impotencia docente.

Por su parte, el consejero Carlos Gimeno no deja de darse autobombo señalando la situación «idílica» de la Educación Pública, por muy dura que sea la realidad. Ejemplo de ello es el conflicto que han generado en la Formación Profesional para implementar la Dual, entre otras cosas, sin evaluación de pilotajes, ni horas para gestionar adecuadamente las prácticas de todo el alumnado en los centros de trabajo.

Asimismo, la euskarafobia del Régimen se mantiene intacta. Se ponen dificultades para abrir nuevas líneas en el modelo D y se aumenta el número de sesiones en inglés para dificultar la inmersión en euskera.

A estas alturas, ya no funciona esa anestesia «progre»; el profesorado no está dispuesto a trabajar en condiciones laborales adversas; el Gimenol ya no sirve para anestesiar el malestar docente. Resultan imprescindibles otro tipo de políticas y más inversión. ¿Veremos mejoras sustanciales en los próximos presupuestos?