Tras imponer el gobierno estatal una subida salarial para 2025 inferior a la inflación y con una pérdida de poder adquisitivo del 8,6 % desde 2022, en los presupuestos de la Alta Navarra no se recoge ningún aumento en los complementos docentes para recuperar esa capacidad adquisitiva. Tampoco hay presupuesto suficiente para atajar ninguno de los problemas que motivaron las huelgas masivas en la educación pública hace apenas unos meses.
El Gobierno de Navarra destina a educación 420 millones de euros menos de lo que le correspondería según los estándares de la Unión Europea, por lo que se hace prácticamente imposible reducir las ratios para una mejora de la atención del alumnado y tampoco se podrán ampliar el número de horas para preparación de clases. Y es que el Gobierno comandado por el PSN ni siquiera llegará al porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) al que el propio ejecutivo se comprometió en el acuerdo programático.

Educación es uno de los departamentos que menos crece en términos porcentuales, por lo que la atención a la diversidad no podrá ser reforzada, ni los centros podrán acometer las mejoras en infraestructuras que necesitan, ni la Formación Profesional o la Orientación Educativa serán los pilares que nuestro sistema educativo necesita.
La falta de inversión explica que las nuevas normativas emanadas del Departamento, como el Decreto del Reglamento Orgánico de Centro o la Orden Foral de Inclusión Educativa, no cuenten con la dotación presupuestaria que precisan, o que la sobrecarga laboral soportada por el profesorado y por el resto del personal de los centros educativos siga incrementándose conforme lo hacen las necesidades del sistema.

Y esto es debido a la inexistencia de una reforma fiscal significativa por parte de este Gobierno que se autodenomina progresista, y a que la aportación al Estado se ha incrementado casi un 60% en los últimos años, cantidad destinada a financiar, entre otros, el gasto militar, la monarquía o la ratio policial más alta de Europa. Así mismo, los peajes en la sombra y el pago de la deuda han aumentado un 12% desde que UPN dejó el Gobierno, y todavía está pendiente la elaboración de un informe oficial en el que se distingan las causas y los agentes que generaron esos agujeros en nuestra economía.

Resulta paradójico que mientras los requisitos para acceder a la docencia no han parado de aumentar en la última década, las remuneraciones no han experimentado una subida acorde a las exigencias de ingreso, ni al galopante aumento del coste de la vida en aspectos como vivienda, alimentación, energía, etc.
Ante este panorama, STEILAS reclama un aumento de la inversión destinada a educación hasta situarla en el 6% del PIB, para acercarnos a estados como Suecia, Bélgica y Dinamarca que invierten entre el 7,2 y el 6,4%. Además, reprochamos al Gobierno que haya iniciado una privatización de la Formación Profesional Dual o de la inclusión educativa a través de fundaciones privadas o empresas.

Sin una subida destacada de la inversión en el ámbito educativo, seguiremos sin ver la bajada de ratios en todas las etapas, el descenso en la tasa de interinidad real, la jubilación para todo el profesorado con 60 años, la publificación completa de las escuelas infantiles, la consolidación de las partidas para inclusión educativa y tantas otras cuestiones pendientes de pactos anteriores al firmado en minoría por ANPE, AFAPNA y UGT.
Demandamos unos presupuestos suficientes y unas políticas fiscales que impulsen el sistema público, para que den respuesta a los retos de un sistema equitativo, digno y fuerte. La educación pública no puede seguir siendo una zona de sacrificio, al igual que otros servicios públicos, la política medioambiental o la lucha contra el apartheid lingüístico.