En los últimos años, la clase trabajadora de Euskal Herria está sufriendo un continuo proceso de desmantelamiento y privatización de los servicios públicos. Los servicios públicos no se han desarrollado adecuadamente y ahora, lejos de corregir y reforzar esas carencias, los partidos políticos que gobiernan las instituciones de Hego Euskal Herria han optado por debilitarlos progresivamente. Este proceso no se ha producido de un día para otro, sino lentamente y gota a gota, pero no ha dejado de materializarse.

A medida que se van dando pasos hacia la privatización, se va deteriorando la calidad de los servicios, al tiempo que se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. En los casos en los que el servicio se sigue prestando con personal público, la pérdida de calidad se debe al aumento de la carga de trabajo y a la falta de inversión. En cambio, cuando se recurre a la subcontratación, los trabajadores y trabajadoras se contratan en condiciones mucho peores. Es evidente que detrás de estas decisiones no está el bienestar de los y las trabajadoras y de la sociedad en general, sino primar los beneficios del capital y de determinadas empresas. Esto tiene graves consecuencias para la clase trabajadora de Euskal Herria.

Una de las situaciones más graves la estamos viviendo en la sanidad. Las interminables listas de espera, la reducción de recursos y servicios en los ambulatorios, la extensión de las consultas telefónicas o la privatización de algunas áreas son cada vez más frecuentes. En la medida en que Osakidetza y Osasunbidea se resienten, las empresas sanitarias privadas cobran más fuerza. Por un lado, porque el debilitamiento del sistema público aumenta la contratación de seguros y servicios privados; por otro, porque se atribuyen cada vez más competencias a las mutuas.

Dentro de esta lógica, se ha dotado a las mutuas de una mayor capacidad para controlar algunas enfermedades y accidentes comunes. Hace tiempo que venimos advirtiendo de que si no cambiamos las políticas públicas caminamos hacia la dualización de la sanidad. Por un lado, un sistema sanitario público debilitado; por otro, una sanidad privada cada vez más fuerte para quien la pueda pagar. Los pasos dados hacen que, desgraciadamente, cada vez tengamos más cerca ese escenario.

A la preocupante situación existente en la atención sanitaria se suma el retroceso en la integración de la prevención. Los medios para hacer cumplir la ley de prevención son escasos y los mecanismos de control de la actuación patronal muy limitados. En Navarra se ha puesto de manifiesto que el 80% de las empresas incumple1 la Ley de Prevención, y a falta de un estudio de este tipo en la Comunidad Autónoma Vasca, podemos intuir que los datos son similares. A pesar de esta situación, la patronal refuerza su discurso sobre el absentismo, situando el origen del problema en los y las trabajadoras. Mientras cada día los y las trabajadoras enferman, cuando los accidentes de trabajo y las muertes son habituales, la patronal quiere eludir sus responsabilidades y convertir el absentismo en un problema político. También lo hemos visto claro en la negociación colectiva o en la cuestión del salario mínimo propio, ya que están utilizando el mantra del absentismo para conseguir recortes de derechos o negándose a un salario mínimo propio tan imprescindible.

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se producen principalmente por dos causas: la falta de medidas preventivas adecuadas y la precariedad en el empleo. La precariedad afecta directamente a la salud laboral y es cada vez más profunda y está más extendida. En Hego Euskal Herria, una o uno de cada dos trabajadores no tiene ingresos suficientes para desarrollar una vida digna. Las mujeres, los y las jóvenes, los y las trabajadores migradas y racializadas y los y las trabajadoras con diversidad funcional son quienes se encuentran en peor situación. A ello hay que añadir que las tareas de cuidado no remunerado siguen recayendo principalmente sobre las mujeres, provocando dobles jornadas de trabajo, con los efectos negativos que ello supone para la salud laboral.

Para la patronal, garantizar la salud laboral no es rentable. La atención y prevención de la salud se gestionan desde una perspectiva mercantilista. Necesitamos medidas adecuadas para no tener que enfermar o morir en el trabajo, pero la patronal considera más rentable prescindir de la prevención que asumir esos costes. Los partidos políticos que gestionan las instituciones en Euskal Herria miran para otro lado y la inspección no cumple su función como debiera.

Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) en la Comunidad Autónoma Vasca y el ISPLN (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra) en Navarra han elaborado planes estratégicos en materia de salud laboral. Sin embargo, a pesar de las numerosas páginas que han escrito, no se han tomado medidas eficaces para llegar a la raíz del problema. Para eso hacen falta decisiones políticas valientes, pero hoy por hoy no hay voluntad de tomar. La salud laboral no es una prioridad institucional ni en la prevención ni en la atención posterior. Ante esta situación, los sindicatos LAB, STEILAS, ESK, EHNE-Etxalde e HIRU tenemos entre nuestras principales prioridades garantizar el derecho a la salud laboral y seguiremos trabajando en esa dirección.

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