Steilas denuncia enérgicamente la proposición de Ley foral presentada por UPN el 27 de abril.
Esta Ley pretende modificar el número de unidades y ratios de los centros concertados, la duración del concierto y los derechos de concertación.

El artículo primero de la propuesta legislativa exige que el Departamento de Educación exprese con claridad los criterios de renovación de los conciertos el año en que finalicen. Consideramos que la transparencia de los criterios debe garantizarse siempre, y no solo cuando le interesa a UPN: que si sirve para garantizar el derecho de elección de las familias sí se haga, y si no, no. También establece que los centros concertados puedan presentar otras propuestas para la apertura de unidades: la atención a las necesidades del alumnado, la implementación de nuevos proyectos pedagógicos, las intervenciones de carácter social o la atención a otras circunstancias. Es decir, que los centros concertados podrán aplicar la normativa a su voluntad, ejercerán una competencia desleal con respecto a la educación pública (ya que los centros públicos deben cumplir estrictamente las normas) y que todos financiemos esta situación de privilegio. Otorga a los centros privados la competencia de ampliar las unidades con un número menor de alumnado, y claro, el sobrecoste lo pagará el erario público. Sin embargo, la educación pública no podrá contar con tales medidas de excepción ni otros modos de financiación (que la educación concertada sí), a pesar de recibir al alumnado más vulnerables y estar presente en todo el territorio.

El artículo segundo pretende equiparar las ratios de los centros privados y concertados con las ratios de los centros públicos, a sabiendas que el primer artículo les permitirá rebajar estas ratios. Y pretenden hacerlo sin tener en cuenta las características del alumnado y de los centros: nivel socioeconómico, origen, conocimiento de las lenguas vehiculares y tamaño de los centros (por ejemplo, de las escuelas rurales).

Está claro: a UPN solo le importan los colegios privados y concertados. Mediante una disposición transitoria se impone una moratoria en los conciertos que evitará el anunciado cierre de aulas en el curso 2026/2027. Es decir: no quieren saber nada de las unidades que se cerrarán en los centros públicos, pero perpetúan el privilegio de las privadas para mantener todas sus unidades.

Creemos que el futuro del sistema educativo tiene una sola vía: la publificación de los centros concertados, la bajada de las ratios, garantizar la estabilidad de las trabajadoras y dotar a los centros de los recursos necesarios. Para que esto pueda realizarse exigimos al Gobierno de Navarra que invierta de una vez por todas el 5% del PIB que recoge su acuerdo programático.

UPN, PP y VOX no bastan para debilitar aún más la Educación Pública. Veremos qué otros partidos se posicionan favor de la Proposición de Ley. En lugar de esta ley lo que necesitamos es una ley para publificar progresivamente todo el sistema educativo.