Queremos denunciar la actitud mostrada por el Departamento de Educación en los últimos meses, debilitando las bases de la negociación colectiva y generando conflictos continuos contra los derechos de los y las trabajadoras.

En cuestiones relacionadas con los derechos y las condiciones laborales de los y las trabajadoras, el Departamento de Educación no ha respetado los criterios defendidos por los representantes del profesorado y los compromisos recogidos en los acuerdos. En consecuencia, se ha iniciado un proceso de judicialización en el sindicato STEILAS en torno a varias cuestiones:

  • Permiso de lactancia (art. 32). En contra de lo previsto en el artículo 32, a las trabajadoras con reducción de jornada no se les reconocen en su totalidad los días laborables correspondientes al permiso de lactancia acumulado. En STEILAS ya hemos iniciado el proceso de judicialización de esta violación.
  • Aplicación del incremento salarial (art. 67). Los incrementos recogidos en el artículo 67 no se están aplicando correctamente. En consecuencia, el profesorado ha cobrado en nómina menos de lo que le corresponde. En STEILAS hemos iniciado el proceso de judizilización de este incumplimiento.
  • Ratios de Primaria: El acuerdo firmado recoge que el ratio de 22 debe aplicarse a toda la Educación Primaria y que a partir del curso 2026-2027 las horas lectivas semanales máximas deben pasar de 23 a 21. Por otro lado, las formulaciones con las que el Departamento de Educación ha compensado y los recursos que aporta no son suficientes para ofrecer una atención directa al alumnado. En STEILAS hemos iniciado el proceso de judizilización de este tema.
  • Desarrollo del programa Hezi+: La propia resolución HEZI+ recoge que las actividades complementarias a ofertar en la medida He-Hobetuz no tendrán carácter lectivo. Ello supone una vulneración directa de las condiciones de trabajo pactadas en el Decreto 252/2025. Como en Secundaria se abre la puerta a añadir una hora a las 17 horas lectivas máximas, en STEILAS hemos iniciado el proceso de judizilización de este tema.

Es preocupante que en lugar de resolver todos estos conflictos en las mesas de negociación se nos obligue a llevarlos a los tribunales. Una administración pública no puede sistemáticamente hacer una interpretación restrictiva de los derechos de los y las trabajadoras y después esperar a que los tribunales decidan. Esta actitud genera incertidumbre, dificulta las relaciones laborales y afecta a toda la comunidad educativa.

Esta situación es muy grave si se tiene en cuenta que muchas de las cuestiones están relacionadas con las medidas y compromisos recogidos en el nuevo convenio laboral. Queremos recordar que ese acuerdo lo firmamos después de una larga y difícil negociación, cuya firma puso fin a las movilizaciones de los y las trabajadoras. Apostamos por la negociación con plena confianza en el cumplimiento de lo acordado.

Por ello, consideramos que la inaplicación, el retraso o la interpretación restrictiva de las medidas acordadas por el Departamento de Educación es totalmente inaceptable. Esto provoca una grave ruptura de confianza y lo vivimos en forma de fraude. No hay negociación colectiva ni respeto a los acuerdos alcanzados si los compromisos suscritos pueden ser posteriormente modificados o rechazados unilateralmente.

Una actitud que, además, puede tener graves consecuencias para futuras negociaciones. Si la administración incumple los acuerdos firmados, se pone en cuestión la propia credibilidad de la negociación colectiva. Esto dificultará las futuras negociaciones y generará un clima de desconfianza entre las representantes de las trabajadoras y la administración.

Entendemos que estos conflictos no deberían resolverse en los juzgados. El Departamento de Educación debe apostar por una negociación real, buscando soluciones pactadas con las representantes de las trabajadoras y dejando de actuar de forma unilateral. El diálogo social no es un mero trámite, es la principal herramienta para construir relaciones laborales y fortalecer el sistema educativo público.

Por ello, una vez más, exigimos al Departamento de Educación un cambio inmediato de actitud, el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y el respeto a la negociación colectiva.

Seguiremos luchando hasta que el Departamento de Educación cumpla en su totalidad el acuerdo firmado en mayo de 2025 en el que se respeten las condiciones de trabajo y se sustenten los recursos necesarios y suficientes para la educación pública. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Hay que respetar lo negociado. Esta es la principal base de una educación pública de calidad y unas relaciones laborales sanas.