Se han publicado los resultados de la prueba PISA realizada en 2025 junto con el nuevo curso. Tras recibir en 2022 los peores resultados observados por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Departamento de Educación ha tratado de mejorar la posición de clasificación, pero los resultados han empeorado. En el Alto Navarra los resultados también han disminuido.

En diferentes medios de comunicación hemos escuchado declaraciones de analistas y opiniones diferentes, comparando nuestro territorio con otros países, a menudo con análisis superficiales. Por tanto, los resultados de este informe se mediatizan, convirtiéndolos en contenidos de entretenimiento. Tampoco se habla de nada más entre amigos/as, nos hemos convertido en expertas en educación y atribuimos responsabilidades a una cosa y a otra. Este tipo de publicaciones consigue alejarse de un debate real sobre los recursos y las condiciones y los resultados no aportan grandes datos útiles para la comunidad educativa, es decir, no tiene mucho valor pedagógico para los y las profesionales que trabajan. No obstante, este año el informe introduce algunos cambios en esta materia, sobre todo en el análisis que se realiza del ámbito digital. Por lo tanto, más allá del puesto de clasificación, habría que analizar la propia prueba y la entidad que la organiza, así como las actitudes que al respecto adopta el Departamento de Educación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la entidad que realiza la prueba PISA (Programme for International Student Assesment). La OCDE es una organización que promueve la política neoliberal salvaje, de la que forman parte los países más ricos del mundo. Así, la visión subyacente a PISA forma parte de la estrategia transnacional de élite económica y política mundial. No debemos olvidar que el sistema educativo basado en competencias ha sido promovido por la propia OCDE y ha impulsado de manera decidida el proceso de digitalización de nuestros centros educativos.

PISA es una prueba basada en el muestreo que evalúa las competencias del alumnado de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura. Nos parece importante contextualizar que son los y las alumnas nacidas en 2009 las que han participado en las pruebas de PISA. Estas alumnas fueron escolarizadas en 2012, cuando Mariano Rajoy, mediante Real Decreto, introdujo fuertes restricciones en Educación. Esto significa que en un tiempo en el que había menos docentes se integraron en la educación, cuando los ratios aumentaron y las condiciones laborales de estos docentes se deterioraron mucho. En este sentido, a la vista de los resultados de la edición 2022, y quizás debido al miedo, la muestra se ha reducido considerablemente. Responden a una muestra cada vez menor de jóvenes de la CAPV. Una muestra más amplia reflejaría mejor nuestra realidad cada vez más compleja.

Al mismo tiempo, en 2012, siguiendo los ejes de la política neoliberal impulsada por la OCDE, la Unión Europea recomendó a los Estados miembros que establecieran planes educativos basados en competencias, argumentando que era una vía para una mejor formación en el mundo laboral. Asimismo, puso en marcha planes de digitalización y los Departamentos de Educación dotaron a nuestras escuelas de Chromebook y pizarras digitales, impulsó tendencias pedagogistas banales y facilitó la producción de datos para las multinacionales digitales, imponiendo el uso de diferentes softwares.

Evaluar las competencias del alumnado sólo en tres ámbitos implica no tener en cuenta diferentes aspectos y valores. El orden de los países que clasifica PISA no presta ninguna atención al contexto, características o trayectoria de cada Estado. La naturaleza de los pueblos para el capitalismo no tiene cabida si no es rentable. El capitalismo necesita rendimiento, no reflexión.

Entendemos que el sistema educativo utiliza la prueba PISA como herramienta de control y homogeneización. Este instrumento de evaluación está orientado por la OCDE a definir diferentes tipos de personal para un mundo global y neoliberal utilizando la educación. La educación para esta institución no es el camino hacia un espíritu crítico, un derecho universal fundamental y una participación activa. Así, dan por buenos los centros segregadores, porque la escalonación social la puede planificar la propia educación.

No queremos poner el foco en la prueba PISA. La Consejera de educación comentó a comienzos de curso que la situación mejoró en la Evaluación Diagnóstica, aunque PISA indica lo contrario. En su boca utilizan continuamente la palabra mejora; con el objetivo de mejorar la competencia lectora, matemática y científica y reforzar los procesos de diagnóstico, seguimiento y evaluación. En la presentación del nuevo curso, la Consejera Pedrosa ha subrayado además la necesidad de trabajar el pensamiento crítico y afrontar los retos que plantea el uso de las pantallas. Esto pone sobre la mesa la pregunta de qué entendemos por mejora educativa y qué hacemos para garantizarla.

La Viceconsejera Torrealday anuncia que los procesos de seguimiento y evaluación se prolongarán a lo largo del curso y se utilizarán para tomar decisiones concretas en los centros. Sin embargo, STEILAS considera el riesgo de convertir la evaluación y el uso de datos en el eje de la política educativa, dejando en segundo plano las necesidades reales del sistema educativo y la falta de recursos. La evaluación puede ser necesaria, pero la evaluación no mejora la educación en sí misma.

La segregación no puede utilizarse para extraer conclusiones parciales, como hace recientemente el consejero navarro Gimeno. Atribuye a los y las inmigrantes y a sus hijos/as, entre otros factores, el empeoramiento de los resultados. STEILAS denuncia seriamente la negligencia de Gimeno que ha impuesto restricciones a los centros del medio rural para repartir sus partes en los centros que reciben la matrícula más viva. Nada más, sabiendo que cada año se matriculan alrededor de 3.500 alumnos/as en Nafarroa Garaia fuera de plazo.

Cada vez son más las voces que defienden el enfoque alternativo de la evaluación. STEILAS pone el foco, entre otros aspectos, en la evaluación continua y en la atención directa de cada alumno y alumna. De hecho, la mejora real no vendrá de hacer más mediciones estadísticas, sino de establecer más recursos personales y materiales: bajar ratios, más profesorado y personal educativo, reforzar el apoyo especializado, garantizar profesionales sanitarios en las escuelas y una mayor autonomía pedagógica de los centros. En definitiva, más recursos, condiciones de trabajo dignas y menos señalamientos por parte del profesorado. Aquí habría que poner el foco mediático.

En consecuencia, la pregunta principal no es si los resultados han aumentado o disminuido, sino qué estamos midiendo y para qué. La evaluación es una herramienta útil si sirve para poner soluciones. La calidad de la educación no puede utilizarse para disfrazar la realidad. La educación no es una herramienta para competir en rankings, sino un derecho fundamental e imprescindible para la cohesión social.