Resulta evidente que el conflicto colectivo de los centros privados concertados de la CAV parece no tener fin, hace pocos días los sindicatos que representamos el 100% de sus trabajadoras y trabajadores convocamos otros 8 días de huelga para los meses de octubre y diciembre. Hemos llamado estas huelgas porque las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA tienen la negociación colectiva totalmente bloqueada desde la firma del último convenio en 2019, para el cual ya se necesitaron 29 días de huelga.

Nuestras principales reivindicaciones son las siguientes: mejoras de las condiciones laborales de los colectivos más precarizados y feminizados, aligerar las cargas de trabajo, medidas para el mantenimiento del empleo, regularizar la formación profesional y subidas salariales que garanticen el IPC, un 11,8% desde 2020. En el mismo periodo de tiempo, los módulos económicos que reciben los centros privados concertados de la CAV han sido incrementados 15% por el Departamento de Educación, excepto Bachillerato, el cual ha sido incrementado un 13,8%.

No parece razonable que el Departamento de Educación haya incrementado la financiación con dinero público de estos centros educativos por encima incluso del IPC y que aun así no sólo no se haya atendido la reclamación sindical de garantizar los salarios de las trabajadoras y trabajadores, sino que continúen congelados desde 2020. La convocatoria de huelgas está plenamente justificada. Pero esas no son las únicas razones.

Seguir incrementando la financiación con el pretexto de una utópica gratuidad de la red privada sin establecer mecanismos de control trae como resultado más desequilibrio entre redes, más vulneración del derecho a la educación en igualdad de condiciones y más segregación escolar. El sistema dual que pretenden perpetuar los partidos políticos que apoyan el proyecto de Ley de Educación no garantiza los derechos básicos del alumnado e impulsa, desde la equiparación de lo público y lo privado, un sistema más desregulado y competitivo si cabe. Del mismo modo, también perpetúa un conflicto laboral intencionadamente provocado por las patronales y respaldado por el PNV.

Se deben dar pasos hacia un sistema educativo que amplíe el perímetro de la escuela pública. Para ello, existen dos herramientas legales que deben complementarse: una planificación de la oferta de plazas escolares que priorice la escuela pública y reduzca los conciertos educativos hasta que la escuela pública sea la única que se oferta y la creación de un marco de publificación real y efectivo que asimile a los centros concertados así como a sus trabajadoras y trabajadores.

Tenemos muy claro que negociamos con las patronales la renovación del convenio, responsables del bloqueo, pero es urgente que el Departamento de Educación tome medidas, sin necesidad de esperar a ninguna ley: aplicar exhaustivos mecanismo de control y limitar competencias de los centros privados concertados. Por que la realidad es que las patronales campan a sus anchas en un marco educativo mercantilizado y desregularizado. Las consecuencias son evidencias irrevocables: permanente conflictividad laboral y profundas desigualdades sociales.