Parece que el desacuerdo surgido en el Parlamento Vasco, en lo que a cuestiones educativas se refiere, no podía prolongarse y han llegado rápidamente comparecencias para calmar el desasosiego. Estas declaraciones han venido a demostrar además que, aún tratándose de un hecho curioso, los cuatro partidos políticos tienen voluntades similares en materias educativas. Y es que, atendiendo a lo que se publica en los medios, todo el mundo está a favor de la pública. Recuerda, en cierta medida, a frases que a menudo se pronuncian de forma contundente, como “yo no soy racista, homófobo, machista, etc.”. Afirmaciones políticamente correctas que, habitualmente, tienen poco de cierto y no se reflejan en nuestros actos cotidianos.

El primer impulso de aquellos que han gritado a los cuatro vientos su compromiso con la Escuela Publica Vasca y han impulsado el Pacto Educativo, ha sido la creación de un decreto de planificación totalmente privatizador del sistema educativo. La aplicación de este decreto supondrá el cierre progresivo de centros de la red públicos y mantendrá los centros privados-concertados a buen recaudo.

Habrá quien nos tilde de corporativistas pero queremos recordar que la única forma de defender lo comunitario es luchar por los servicios públicos, mientras que los servicios privados se encargan de satisfacer los intereses particulares. También habrá quien nos tilde de alarmistas o nos achaque que hablamos sin precisión. Para evitarlo, trataremos de explicar brevemente algunas cuestiones.

Mediante este decreto se define el mapa que regula la oferta de puestos escolares; es decir, establece el reparto de alumnado entre centros y redes. La distribución actual, además de estar totalmente desequilibrada en favor de la red privada-concertada, está caducada y, aún cuando la natalidad baja de forma alarmante, parece perpetuarse a la espera de nuevos decretos.

Son muchas las localidades donde la distribución está descompensada. En Andoain, por ejemplo, la oferta de la pública supone únicamente el 13% de toda la oferta de dicha localidad. No se trata de algo excepcional. Esta situación se repite en la mayoría de localidades o ciudades en las que existe competencia entre redes. Se trata de municipios donde la oferta de la red pública no llega al 40% de la oferta total: Tolosa, Arrasate, Bergara, Legazpi, Oñati, Orio, Urretxu-Zumarraga, Villabona, Zarautz, Elgoibar, Oiartzun, Donostia, Amorebieta, Bermeo, Gernika, Leioa, Mungia, Ortuella, Valle de Trápaga, Zamudio, Amurrio, Bilbao, etc. La red concertada cuenta con plazas suficientes para asumir el 90% de la matrícula. Es evidente, que existe una sobreoferta en beneficio de la concertada y, por lo tanto, un mal uso de los fondos públicos. Por otro lado, en otras localidades como Lazkao, Irura, Ibarra, Usurbil, Anoeta y Loiu ni siquiera hay oferta pública.

Esta es nuestra realidad a día de hoy, los conciertos con la red privada son universales. Se concierta todo, incluso cuando no se cumplen los requisitos recogidos en el decreto de concertación de 1987. Se conciertan las etapas no obligatorias (Bachillerato, Formación Profesional…), los puestos escolares sin proximidad al domicilio del alumnado (Loiu tiene 2.394 habitantes pero recibe a diario 6.500 alumnos transportados) y también aquellos que carecen de compromiso social.

Este borrador de Decreto de planificación toma como referencia el Servicio Vasco de Educación, sin distinguir entre centros de titularidad pública o privada, o lo que es lo mismo, equipara el puesto escolar gratuito con el puesto escolar público. Esto, además de ser inaceptable, es irreal, ya que no hay garantía de que esos puestos escolares vayan a ser realmente gratuitos una vez concertados. No olvidemos que en los centros concertados se paga, a día de hoy, una cuota no legal.

Incumplir la legislación se está convirtiendo en algo habitual a fin de proteger los verdaderos intereses económicos y corporativos que existen en el ámbito educativo. Así, por ejemplo, el Decreto de Planificación mencionado, contradice directamente el artículo 109 de la Lomloe; donde se recoge que, la oferta educativa se programará para garantizar la existencia no de plazas gratuitas, sino de plazas públicas suficientes.

Además, aunque en encontramos centros de una sola línea en ambas redes, el decreto propone cerrar o fusionar centros públicos por ser demasiado caros. El Departamento de Educación no tiene competencia para hacer lo mismo en centros privados-concertados pero tampoco interés en cerrar aulas, ya que el decreto recoge la reducción de la ratio de concertación del aula privada, de 17 a 13 alumnos concretamente.

Este primer borrador no menciona, ni una sola vez, la publificación de los centros privados/concertados y parece que, el espíritu y las aportaciones del pacto, no han quedado bien reflejadas. Todos los partidos implicados, han manifestado su intención de recuperar el espíritu original del pacto. Esperemos que no se limiten a hacer afirmaciones vacías de contenido que solo busquen acallar conciencias; del mismo modo que esperamos, en nuestro interior, no ser racistas, machistas u homófobos.