El pasado 23 de junio se aprobó, con los votos favorables de PSN, Geroa Bai y Podemos, y la abstención de EH Bildu, la Ley Foral de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. Estos grupos facilitaron con su voto la tramitación como ley del decreto-ley que presentó el Gobieno para su ratificación. Resulta muy preocupante que las fuerzas políticas que criticaron con dureza la Ley del PAI y la insuficiencia de la oferta de estabilización, hayan legitimado con su voto la propuesta del PSN.

La Ley presenta algunas modificaciones respecto al baremo del decreto-ley, pero no incrementa ni una sola plaza la oferta de estabilización. Se trata de un cambio cosmético para que resulte más aceptable su implantación. En Nafarroa no se ha tomado ninguna medida para subsanar las deficiencias de la normativa estatal; al contrario, se ha aplicado la normativa española de forma restrictiva, y, por si esto fuera poco, se ha aprovechado la competencia foral en función pública para sacarse de la manga el engendro de la Ley del PAI, una ley que viene para quedarse, y cuyo objetivo es realizar una sustitución masiva de la plantilla, condenando a la precariedad o al despido al profesorado sin titulación C1 en lengua extranjera.

El Departamento de Educación trata de maquillar la realidad manejando dos conceptos de interinidad. Una sería la interinidad real, que según datos de la Cámara de Comptos era de un 54% en 2020 y otra es la interinidad estructural, que según el Departamento se reduciría a un 8% tras la aplicación de su plan de estabilización. Para justificar el no sacar más plazas, utilizan la excusa de que la mayoría de los puestos de trabajo no son estructurales, argumentando una “coyunturalidad” que consiste en restar plazas a estabilizar, si ese puesto de trabajo está ocupado por profesorado con reducciones por edad o por otros motivos.

Los datos son muy elocuentes. En septiembre de 2021 el Departamento de Educación realizó 4.400 contratos de curso completo. De ellos, 875 lo eran con perfil de lengua extranjera y 3.548 sin ese perfil. El total de plazas que saldrán al proceso de estabilización son 766: 352 con perfil de lengua extranjera y 414 sin dicho perfil. El porcentaje de puestos que se estabilizan con perfil es del 40% y el de los sin perfil es del 11,7%. En total, únicamente se estabilizará el 18% de estas plazas vacantes, con lo que la tasa de interinidad real quedará por encima del 40%. Resulta muy llamativo el marcado desequilibrio favorable a las plazas PAI, obviando interesadamente que el personal que trabaja en plazas PAI se ha podido presentar a las oposiciones en igualdad de condiciones que el resto del profesorado.

Las altas tasas de temporalidad en la educación pública y el no querer ponerle remedio no suceden por casualidad. Debemos recordar los recortes que se produjeron a partir de 2012, donde más de 800 docentes se quedaron sin contrato, se aumentaron las ratios y las horas de docencia directa, empeorando notablemente la calidad de la educación y las condiciones de trabajo. Estos recortes no hubieran sido posibles sin una alta tasa de interinidad, y esta tasa es en 2022 bastante más elevada que la de 2012. En cambio, los centros privados tienen asegurada la estabilidad de su plantilla a través de los conciertos.

Por tanto, exigimos un cambio radical en la política de estabilización del profesorado público, que garantice la continuidad de las plantillas docentes en los centros y blinde la educación pública ante una oleada de nuevos recortes.