Con la nueva reforma de pensiones, acaban con más derechos
Una vez más, el gobierno del PP ha ninguneado al Parlamento, utilizando la vía del Real Decreto Ley para imponer de manera inmediata y sin ninguna tramitación legislativa, una nueva reforma de pensiones repleta de nuevos recortes. La sostenibilidad del sistema ha servido de argumento para atacar a la población con nuevas medidas que recortan derechos, empujan a la pobreza y aumentan las desigualdades sociales. En este caso, ha sido el derecho a la jubilación, en sus diversos aspectos, el que ha sido retocado, de manera de que miles de millones de euros que estaban destinados al sistema público de pensiones serán desviados para atender a la reducción de déficit.
Por lo visto, no era suficiente activar el pasado 1 de enero la reforma de pensiones pactada por el anterior gobierno del PSOE con los sindicatos CCOO y UGT, de manera que se generalizará el retraso de la edad de jubilación. Había que dar una nueva vuelta de tuerca para
penalizar el acceso a las diversas modalidades de jubilación anticipada o a la jubilación parcial mediante el contrato de relevo. Para ello se rebajan las cuantías a percibir, se retrasa el acceso en dos años, se aumenta el coste para las empresas, se endurecen los requisitos de cotización necesarios… de manera que se imposibilita en la mayoría de los casos el ejercer dicho derecho porque se necesita alargar su vida laboral para tener una pensión que permita vivir dignamente. Y todo en un contexto en el que las empresas precisan renovación y rejuvenecimiento de plantillas, y en la calle millones de personas esperan desesperadamente unpuesto de trabajo y se ven obligados al exilio laboral o a la dependencia de la familia.
Por todo esto, desde STEE-EILAS nos vemos en la necesidad de denunciar, una y otra vez, la falta de respeto hacia la clase trabajadora. Exigimos que cesen de inmediato estas políticas neoliberal es que favorecen la privatización del sistema de pensiones, la pobreza de muchos sectores de la población y la penalidad de las condiciones laborales. En esa línea, exigimos a los gobiernos de Navarra y de la CAPV políticas paliativas en relación a las consecuencias de la aplicación de las diversas medidas del Real Decreto, tal y como, de manera indudable demanda mayoritariamente la sociedad.
Igualmente, creemos que es un buen momento, también, para recordar la necesidad de que las instituciones públicas de Euskal Herria reivindiquen de una manera efectiva el derecho a un sistema propio de pensiones y articulen actuaciones que nos sirvan para avanzar hacia su consecución.
22 de marzo de 2013