Desde el año 2011, con la excusa de la situación de “crisis”, el Ayuntamiento ha mermado y recortado las políticas sociales. Dicha “crisis” ha sido la excusa para devaluar, desprestigiar y recortar prestaciones sociales, además de ahondar en la privatización de servicios. Hemos pasado de ser un territorio reconocido por ser en acción social a estar a la cola en cobertura y garantía social.

Además, se han utilizado las prestaciones sociales para estigmatizar a las personas perceptoras, para crear una ruptura social basada en el racismo y la xenofobia.

En junio de 2015 se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Gasteiz impulsado por diferentes movimientos sociales y agentes sociales populares. El objetivo es, por un lado, acabar con las políticas sociales creadoras de fractura social, estigmatizantes, que devalúan y criminalizan a las personas usuarias de las diferentes prestaciones y servicios sociales. Y por otro, construir un modelo de ciudad inclusiva, vivible, de calidad, participativa. Una ciudad cuyas señas de identidad sean la igualdad, la justicia, la solidaridad, la interculturalidad, la diversidad, la educación y la igualdad de oportunidades.

Reconocemos que durante este año, el lenguaje utilizado desde esa institución y dirigido a determinados grupos de población han tratado de ser políticamente correcto. Pero después de un año del nuevo gobierno, no se ha producido ningún cambio sustancial. Y los recortes implementados en la era PP, siguen estando vigentes. Las políticas sociales, y más concretamente, los criterios de acceso a las diferentes prestaciones del Ayuntamiento, siguen siendo los mismos y con las mismas restricciones estigmatizadoras e injustificadas que las del gobierno anterior.

Por tanto, es necesario un giro de 180º en las políticas sociales del Ayuntamiento y desarrollar un nuevo modelo de ciudad basado en la igualdad, el reparto del trabajo y la riqueza, el desarrollo de un sistema de servicios sociales que sirva para paliar las diversas situaciones de necesidad, pobreza, exclusión y desprotección social que crea el propio sistema capitalista y patriarcal y que tenga como objetivo respetar y poner en el centro a las personas en riesgo de exclusión social y garantizar el derecho de todas y todos a desarrollar una vida de calidad. Es imprescindible recuperar el protagonismo de las perceptoras de las prestaciones.

Es urgente como primer paso revertir radicalmente los recortes y cambios estigmatizadores implementados por el PP en el ayuntamiento de Gasteiz y demás reforestes de las instituciones:

  • Recorte extremo: De 408 a 270 Euros de prestación por alimentación para jóvenes de 18-23 años pudiendo usarlos únicamente en el Simply.

  • Ínfima atención a personas transeúntes: 3 noches cada 3 meses o 6 euros para marcharse de la ciudad.

  • Menores en situación de desprotección grave sin recibir la protección necesaria ante el inmovilismo de la diputación.

  • Recortes severos en los programas educativos de prevención: escuelas de familia y otros programas de prevención.

  • Menos prestaciones en apoyo psicopedagógicos para niños y niñas con dificultades.

  • Menos plazas en programas de inserción laboral y formación ocupacional.

  • Falta de respuesta municipal ante los durísimos requisitos para acceder a la RGI.

  • Recursos de emergencia social convertidos en hogar habitual a compartir entre familias con menores, personas con enfermedad mental, personas drogodependientes, mayores de 65 años, personas dependientes y cualquier persona en situación de vulnerabilidad social.

  • Pasividad absoluta ante el lamentable estado de mantenimiento de algunos recursos municipales, como el edificio de Villasuso, donde se ubican el centro de noche Aterpe y Casa Abierta.

  • Dificultades extremas para acceder al empadronamiento, especialmente de las personas que salen de prisión y de las que residen en la calle o en recursos de emergencia social, y más difícil aún a las mujeres (con casi nulos recursos de reinserción).

  • Rebaja del IAE (Impuesto de Actividades Económicas)

Por otro lado, nos parece muy grave que los problemas sociales no existan para el equipo de gobierno hasta que tienen repercusión social, a pesar de conocerlos sobradamente y, es por ello, que desde la Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS) solicitamos un cambio radical en las políticas sociales del Ayuntamiento, poniendo la cobertura de las necesidades sociales en el centro y eliminando la alargada sombra de la criminalización de todas las personas que acuden a los servicios sociales.

En el mes de Noviembre mostramos nuestra preocupación ante el acuerdo de PP, PNV y PSE con el SEA para rebajar el IAE en un 50% (Impuesto de Actividades Económicas), recordamos que este impuesto graba a las actividades económicas que facturan un mínimo de 2 millones de euros. Se renunció a recaudar entorno a 7 millones de euros.

Ya entonces avisábamos de que esa rebaja del IAE suponía la limitación directa del presupuesto destinado a políticas sociales, con la excusa de que no hay dinero para abordar las necesidades sociales, pero no lo hay porque el gobierno del PNV decidió aliarse con el PP, el PSE y el SEA para que quien más tiene, pague menos.

Denunciamos que es totalmente incompresible que no se reviertan estos recortes y que queden las necesidades sin cubrir cuando las tres instituciones están gobernadas por el PNV, que elude sus responsabilidades argumentando en el conflicto competencial entre las instituciones. No vamos a permitir que por beneficiar a unos pocos se deje sin atender a aquellas personas que esta larga sufren riesgo de exclusión social.

Por un vuelco en las políticas fiscales y sociales del Ayuntamiento de Gasteiz. Politika sozialak aldatu eta kitto!!

Vitoria-Gasteiz, 13 de Mayo de 2016

ANEXO EXPLICATIVO DE CADA CASO

  • Prestación por alimentación – Prestaciones para jóvenes (18-23 años):

Los recortes en el importe de las prestaciones siguen vigentes (la cuantía bajó de 408€ del 2012 a 270€ del 2013).

Es urgente recuperar el carácter subsidiario como “última prestación” recogido en la actual normativa: no sólo sirve como prestación a la alimentación, sino que cubre las necesidades de sustento de las personas que no cumplen los requisitos para acceder a la RGI (de 1 a 3 años de padrón), lo que es reconocido, aceptado y utilizado en la actual ordenanza.

Es imprescindible recuperar el protagonismo de las personas perceptoras de las prestaciones: criterios de empoderamiento, eficacia social, entender que las prestaciones sirven como apoyo puntual para salir de la situación de exclusión, no para perpetuarla. Para ello, el modelo más integrador de dar la cuantía de la prestación en dinero: permite comprar en todo tipo de comercios, incluido el comercio local, tiendas pequeñas… (cosa que cualquier tarjeta no posibilita); potencia la autogestión de la persona usuaria de la prestación de manera “normalizada”, como el resto de personas (muchas personas usuarias son jóvenes que proceden de servicios dependientes de las diferentes instituciones que al alcanzar la mayoría de edad pasan a programas abiertos de emancipación, en los que es necesario aprender a administrarse los recursos: dinero…); y deja en manos de las personas usuarias de la prestación la utilización de ese dinero, potenciando el empoderamiento y la responsabilidad.

Por último, es necesario asegurar que la dotación presupuestaria es suficiente para poder cubrir todas las necesidades y es urgente una simplificación de los trámites y el itinerario para acceder a las prestaciones.

  • Atención a personas transeúntes

Con el gobierno del Javier Maroto, la atención a personas en transito se reducía a cubrir 3 noches de alojamiento y manutención cada 3 meses o la entrega de 6 € para marchar de la ciudad. Hoy, la desatención a este colectivo de personas sigue siendo la misma, y se agudiza siguiendo el criterio empleado durante los últimos años de no reconocer el arraigo de personas en la ciudad si no disponen de empadronamiento (difícil de conseguir para quien duerme en la calle, en un banco, en un garaje o en un cajero). No disponer de padrón no quiere decir no tener arraigo en la ciudad y los Servicios Sociales utilizan dicho arraigo a su antojo.

Es necesario atender a todas las personas que tengan arraigo en nuestra ciudad y no expulsarles a otras ciudades limítrofes. Ninguna persona que duerma en nuestras calles puede estar sin padrón y si se les conoce y atiende desde los Servicios Sociales, se les tiene que empadronar.

  • Infancia, adolescencia y familia

En éste ámbito, existe el mismo número de plazas para atender a los y las menores que se encuentran en situación de riesgo de desprotección. La crisis económica ha aumentado las situaciones de riesgo de desprotección pero los recursos no han aumentado.

Existe una preocupante falta de atención a menores en situación de desprotección grave a los que Diputación no está ofreciendo el recurso necesario por no tener plazas suficientes. En nuestra ciudad, numerosos menores viven en una situación de desprotección grave por falta de recursos para protegerles y acompañar a sus familias.

No se han revertido los notables recortes en los programas de prevención del departamento de educación del ayuntamiento:

  • “Programa de escuelas de padres y madres”: Con el anterior gobierno bajó el presupuesto disminuyendo el número de sesiones y el precio para cada una de ellas, precarizando mucho el recurso. En este curso se ha mantenido el programa tal y como lo dejó el PP.

  • Recortes en el programa de “ayudas psicopedagógicas”. Se trata de un programa para niños y niñas benefactoras de la beca de Gobierno Vasco, que presentan dificultades en los aprendizajes y que no están dentro de las listas de educación como niños y niñas con necesidades especiales debido a no tener un diagnóstico suficientemente grave y, por ello, que no reciben los apoyos desde delegación de educación dentro de los propios centros escolares. Durante el gobierno del PP se ha ido recortando la ayuda, lo que empezó siendo para estudiantes de primaria y secundaria, se ha quedado en el primer y segundo ciclo de primaria únicamente. Con el gobierno del PNV no sólo no ha mejorado el recurso, sino que ha disminuido, este curso ha bajado el número de sesiones para cada caso de 20 a 13 por curso.

Además es importante remarcar que, con la crisis económica, cada vez hay más familias que necesitan esta ayuda ya que no existe ningún otro apoyo para este tipo dificultades de aprendizaje.

  • Atención a personas en situación de vulnerabilidad social

La atención que se realiza con los colectivos en situación de vulnerabilidad social se caracteriza por la falta absoluta de planificación, las decisiones políticas y técnicas espontáneas y la falta de interés en la recuperación de las personas que sufren esta situación. Por su invisibilidad y extrema vulnerabilidad no podemos olvidar a las personas que salen de prisión con necesidades mas acuciantes (personas aisladas durante años, mayores, con enfermedad mental, sin padrón, etc)

No hay ni un euro para realizar un diagnóstico de las necesidades de este colectivo de personas ni hay planificación alguna, ya basta de improvisación.

Sin acceso a las prestaciones sociales por los durísimos requisitos existentes para acceder a la RGI o a las ayudas municipales, ni inversión para el empleo y la formación, se condena a las personas en vulnerabilidad social a vivir en recursos de emergencia social. En nuestra ciudad, hay personas que el Ayuntamiento ha decidido que vivan en un albergue.

Y decimos que no hay inversión para el empleo y la formación porque la multitud de programas destinados a la formación para el empleo o los talleres ocupacionales que se dejaron de financiar y desaparecieron durante los cuatro años de gobierno del PP, no se han recuperado un año después de la entrada en el gobierno del PNV y las posibilidades de inserción social de los colectivos más vulnerables son cada vez más escasas ante la falta de oportunidades.

En ese contexto, el presupuesto para planes de empleo por el Ayuntamiento en 2016 es del 0,84% del presupuesto (3 millones de euros), sin ir más lejos el gobierno municipal del PP destinaba a planes de empleo el 0,97% del presupuesto en 2014 (3,4 millones de euros). La inversión municipal en formación también desciende, pasando del 0,22% (780000 €) que destinaba el PP en 2014 al 0,18% que destina el PNV en 2016 (620000 €).

En lo que respecta a los servicios especializados para la atención de los colectivos más vulnerables, la foto es de auténtica dejadez y falta de interés. El estado del edificio de Villasuso que ubica el centro de noche Aterpe y Casa Abierta es calamitoso. No se cumplen las condiciones mínimas de accesibilidad, siendo imposible el acceso al edificio de Villasuso para personas con movilidad reducida, solo se puede acceder subiendo escaleras y, por ejemplo, sólo hay una taza de váter para 30 personas. El Ayuntamiento ha arreglado el tejado ya que estaba en un estado que suponía un grave riesgo para la supervivencia del edificio. No hay ningún plan con el resto y es urgente buscar otro espacio o rehabilitar el edificio completamente.

La falta de prestaciones sociales, la imposibilidad de encontrar un empleo y el desinterés del Ayuntamiento para ello, etc. hace que para un buen número de ciudadanos y ciudadanas, vivir en Aterpe o el CMAS se haya convertido en su única opción de vida, recursos de emergencia social ambos.

Tanto en el CMAS como en otros pisos tutelados y de acogida que no están preparados ni planificados para ello, se atiende a familias con menores de manera habitual.

En ninguno de los recursos residenciales para personas en situación de exclusión social hay planificación alguna del perfil de atención. En cualquiera de ellos, conviven jóvenes de 20 años, personas mayores de 65 años, familias o personas con importantes discapacidades reconocidas o con graves problemáticas de salud mental sin tratamiento alguno.

De esta manera, no se atiende dignamente a las personas. Es hora de cubrir correctamente todas las necesidades de este colectivo.

txiki