Comenzamos el curso 2017-2018 dando continuidad a la fase de confrontación iniciada el curso anterior. Los sindicatos teníamos claro que, además de necesarias, todas nuestras reivindicaciones eran factibles.

El Gobierno Vasco decidió comenzar a aportar soluciones y a negociar después de dos años de confrontación. Una vez comenzadas las negociaciones el preacuerdo tardó dos meses en llegar. Los dos acuerdos firmados por STEILAS (educación especial y profesorado) han supuesto mejoras evidentes en los centros públicos y en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores.

Pero por encima de la confrontación laboral, sobrevuela la amenaza de una nueva ley educativa para la Comunidad Autónoma Vasca bajo el paraguas de la LOMCE. A este respecto opinamos lo siguiente:

El discurso que ha pronunciado en los últimos años el Departamento de Educación no ha variado nada: sigue tratando los mismos temas y realizando los mismos planteamientos. Ofrece un respaldo absoluto a las acciones llevadas a cabo y anunciadas por el propio Departamento en las dos últimas legislaturas, y se trata, por tanto, de una mera confirmación de estas, sin un mínimo asomo de crítica (y menos de autocrítica). Parece un resumen de las declaraciones públicas realizadas estos últimos años por la consejera de educación, que no aporta ninguna idea nueva. A falta de un plan de futuro, no hace sino afianzar lo llevado a cabo hasta el momento. El PNV pretende perpetuar la situación actual, reforzando la privatización del sistema educativo y abriendo las puertas al paradigma neoliberal.

Consideramos que el proceso de redacción del documento ha sido una farsa desde el principio. Tal como hemos denunciado en más de una ocasión, el proceso de reflexión promovido por el Departamento de Educación ha tenido carencias y faltas graves desde el principio, en cuanto a los contenidos introducidos y a los y las agentes invitados al debate, pero, sobre todo por lo que se ha dejado fuera: desde el principio se han excluido los retos fundamentales de la educación vasca, así como diversos agentes con representación legal y legítima. Solo por eso podemos afirmar que todo el contenido del documento está contaminado y es totalmente parcial e interesado, y por tanto, no tiene legitimidad alguna ante la sociedad. No es más que un documento tecnocrático como tantos otros de los confeccionados por el Departamento de Educación. Dicho departamento ha tratado desde el principio de dejar fuera del debate a todos aquellos que no coinciden con sus planteamientos (nos referimos tanto a contenidos como a agentes): formó grupos de trabajo para la reflexión compuestos por supuestos expertos en educación y siguiendo un patrón completamente tecnocrático, y así, el texto del Departamento de Educación no recoge sino sus propias opiniones y ninguna medida concreta para hacer frente a los principales retos de la educación actual en la CAPV; la segregación, la financiación, los recortes…

Por todo ello, en STEILAS tenemos claro que este no puede ser, de ninguna manera, la base para un supuesto acuerdo entre diferentes. Porque si bien hemos firmado acuerdos en beneficio de nuestra educación y nuestras condiciones laborales, si la administración sigue por este camino, es decir, por el camino propagandstico de realizar acuerdos carentes de medidas reales, nos encontrará en frente.