El número de fallecidos por trabajos precarios empeora año tras año

Año tras año, el número de accidentes y enfermedades profesionales lejos de mejorar empeora y este año 2020 no es una excepción. Queremos denunciar que los accidentes laborales han aumentado considerablemente. El estancamiento de la actividad económica en el contexto del coronavirus y la consiguiente crisis económica no han frenado la sangría de trabajadores y trabajadoras accidentadas y/o fallecidas en el trabajo, ya que este año en Hego Euskal Herria han fallecido al menos 66 personas en accidente laboral ( 56 CAPV / 10 Nafarroa ) y Joaquín Beltrán sigue desaparecido en el vertedero de Zaldibar desde el 6 de febrero. Por otro lado desconocemos el dato de las personas fallecidas por enfermedad profesional porque no existen estadísticas oficiales al respecto, sin embargo, todos los estudios advierten de que el porcentaje supera por mucho el de los fallecidos por accidentes laboral. En HEH al menos 28 personas han fallecido por enfermedades profesionales derivadas del amianto y desconocemos cuantos trabajadores y trabajadoras han fallecido a consecuencia del coronavirus.

Estos datos son escandalosos, porque sabemos a ciencia cierta que los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y los daños asociados al trabajo se pueden evitar. En una sociedad moderna y desarrollada como la nuestra, con todos los avances tecnológicos disponibles, estos datos son inaceptables.

En Europa, Hego Euskal Herria es el país con más fallecidos por coronavirus, después de Bélgica. Hasta el 30 de noviembre han fallecido por Covid-19 4007 personas, 3036 en la CAV y 971 en Navarra. Del número total de fallecidos por Covid, 1430 muertes han ocurrido en residencias.

Llevamos años denunciando la precariedad en este sector y la pandemia ha dejado en mayor evidencia las carencias que ya venían arrastrando las residencias de mayores. Se financian con dinero público pero la mayoría están gestionadas por empresas privadas . El resultado de esta ecuación es mas precariedad para la plantilla y usuarios.

Lo mismo ocurre con otros sectores como el sector sanitario, socio-sanitario, alimentación, limpieza o transporte. Todos ellos sectores muy feminizados y privatizados, que sufren una gran desprotección y precarización en sus condiciones laborales en forma de eventualidad , contratación parcial, elevados índices de rotación o falta medios de protección.

Los datos por tanto, reflejan que las estrategias mantenidas por los gobiernos de la CAPV y Navarra contra la precariedad laboral y la Covid-19 no están funcionando. La dotación presupuestaria destinada a las políticas en materia de prevención de riesgos laborales y a la seguridad en el trabajo es prácticamente cero y refleja que esta materia no es prioritaria en la agenda política. Sin embargo, los accidentes laborales y los contagios han aumentado y se sigue jugando con la salud y la vida de la gente, tanto en la calle como en los centros de trabajo. Hay que cambiar de rumbo y anteponer la salud y la vida a todo lo demás. .

Ante la gravedad de la situación, exigimos a los gobiernos de la CAPV y Navarra las siguientes medidas:

– Mayor control sobre las empresas. Para realizar un seguimiento adecuado de las medidas sanitarias y de prevención en los centros de trabajo es imprescindible aumentar el personal de Osalan/ISPLN y de la Inspección de Trabajo equiparándolo a la media europea. En la práctica, esto se traduce en aumentar el número de técnicos al menos en 100 más en la CAPV y en otros 50 en Navarra. Asimismo, el gobierno de Navarra debe recuperar las competencias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

– Publificación tanto de las mutuas como de los servicios de prevención. En esta pandemia no han sido eficaces desde el punto de vista de la salud.

– Realizar más acciones de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la normativa en las empresas que incluyan actividades con riesgo de caída en altura, atrapamiento o que trabajen con elementos cancerígenos y mutágenos.

– Prohibición de contratación con empresas que hayan sido sancionadas en materia preventiva.

– Exigir la elaboración de evaluaciones de riesgo psicosocial en todas la empresas de HEH teniendo en cuenta que la pandemia ha venido a agravar aún más las condiciones psicosociales de las personas trabajadoras. Para ello en el plazo de dos años todas la empresas deberán contar al menos con una evaluación de riesgos psicosociales e implantar medidas en caso de deficiencias y será el personal de Osalan/ISPLN quien haga seguimiento del cumplimiento.