El 19 de septiembre hemos ofrecido una rueda de prensa ante la Delegación de Educación de Bilbao bajo el lema «Ez saldu hezkuntza publikoa, Hezkuntza Lege toxiko honi ez!». Es evidente que con esta ley se pretende privatizar la educación. El proyecto presentado no es más que una artimaña para perpetuar la dualidad, compuesto por pseudomedidas correctoras que no presentan cambios estructurales. Consideramos ofensivas la improvisación permanente, la irresponsabilidad hacia la sociedad, las contradicciones y los niveles de tomadura de pelo.

El 14 de septiembre se publicó el anteproyecto de la Ley de Educación y, al parecer, habrá un mes para poder hacer aportaciones. Es evidente que quieren ejecutar la Ley de Educación lo más rápido posible, entre otras razones, por las necesidades políticas del gobierno. Por ello, en lugar de debatir con nosotras los términos de la ley, el Departamento ha decidido presentar directamente un borrador. Es por eso que queremos recordar que esta no es una ley abordada con la participación de sindicatos y agentes sociales.

La ausencia de esta participación es evidente. De hecho, las aportaciones y denuncias que hasta ahora hemos hecho públicas de forma expresa desde diversos agentes sociales y desde STEILAS no tienen reflejo en el documento. Este proyecto de ley es un mero desarrollo del informe de bases aprobado por la Comisión de Educación y va en la misma dirección. El punto de partida, es decir, el inventado Servicio Vasco de Educación, no ha sido corregido y sigue siendo totalmente privatizador, sin priorizar la Escuela Pública Vasca ni recoger las aportaciones que hemos hecho diferentes agentes educativos.

Los preceptos de las planificaciones o conciertos son claros ejemplos de ello, que conllevarán el cierre de muchos centros públicos. Por si fuera poco, el departamento también propone fusiones de centros públicos para aumentar estos cierres, fusiones que el Departamento no puede canalizar en centros privados, ya que no tiene la misma competencia.

Por tanto, es evidente que la clave está en la titularidad de los Centros, el concepto Servicio Público de Educación no es más que un eufemismo perverso para permitir el rescate de los centros privados. También recordamos que la titularidad es imprescindible para garantizar, entre otras cosas, la presencia y el futuro del euskera en los centros educativos. Y este anteproyecto de ley no pone al euskera en el centro.

Hoy en día los centros de titularidad privada tienen competencia sobre muchas cosas (aprobación, financiación) y sobre la ley que tantas veces vulneran. El texto habla también de gratuidad, pero recordamos que aunque la ley de 1987 prohíbe el cobro de la cuota, este año se seguirán cobrando. Las ventanillas únicas de matriculación solicitadas reiteradamente desde STEILAS no aparecen ni siquiera en el texto, las cuales darían transparencia al proceso de admisión, pero en su lugar aparecen las oficinas de información, recordamos que ya existen estas figuras.

No tenemos ninguna duda de que esta ley, que busca la supervivencia de los centros privados, aumentará la segregación, y numerosos estudios demuestran que esto es así. Por tanto, es inútil establecer medidas contra la segregación ya ineficaces, que sólo sirven para poner parches al sistema dual que segrega estructuralmente.

Según han repetido en varias ocasiones, a través de esta ley se va a colocar en el centro del sistema la educación pública, se va reforzar el consorcio Haurreskolak, combatir la segregación, garantizar la gratuidad y la laicidad… Pero la realidad es otra:. Es evidente que quieren privatizar el sistema educativo. El proyecto presentado no es más que una artimaña para perpetuar la dualidad, compuesto por pseudomedidas correctoras que no presentan cambios estructurales. Consideramos ofensivas la improvisación permanente, la irresponsabilidad hacia la sociedad, las contradicciones y los niveles de tomadura de pelo.

Por todo esto, tenemos claro que esta no es la ley educativa que necesita nuestra sociedad. Por tanto, STEILAS tiene como objetivo aunar esfuerzos con la comunidad educativa y con otros agentes que se unan para mostrar nuestro desacuerdo, así como llevar adelante las movilizaciones necesarias.