Tras el cierre de 2022 con una de las mayores inflaciones conocidas hasta la fecha, comprobamos con preocupación cómo la subida estipulada para la Educación Pública en los últimos presupuestos se queda muy corta de mitigar las necesidades del sistema. Así, Navarra destinará en 2023 un total de 932 millones, el menor aumento de los últimos ejercicios (45 millones) si lo comparamos con la subida de 66 del 2022 o la de 61 millones en 2021. Esta disminución del 31% de incremento es todavía más llamativa si tenemos en cuenta que la presión económica de los centros y de los hogares de las trabajadoras es un 9% mayor que el año pasado.

El resultado de esta desinversión es claro: por un lado, Educación tiene este curso 2,5% menos de personas trabajando en las aulas y, por otro, todavía no ha llegado a recuperar el gasto público por estudiante previo a 2008 ya que el número de escolares sigue creciendo por encima del nivel de inversión.

En este análisis resulta relevante remarcar que la financiación pública a la educación privada concertada se lleva la mitad de la subida de este año, un 11% más con respecto al ejercicio anterior. Toda una declaración de intenciones de un gobierno que se autoproclama progresista, garante de la educación pública y no segregada, pero que a la hora de destinar recursos en un momento de bajada de la natalidad y de aumento de la matrícula sobrevenida otorga mayores ingresos a los centros religiosos, nada progresistas y del todo segregados. Bien caro nos está saliendo el nuevo decreto de admisión del alumnado.

Además, Navarra va a pagar al Estado 200 millones más que en 2020 debido al aumento de la deuda pública desde la estafa financiera de 2008 y al convenio que obliga a hacernos cargo de toda la deuda, sin distinguir en las causas que la han generado. En 2023 vamos a pagar 450 millones de deuda pública estatal que, sumados a los 440 millones de amortización y a los 100 millones de los peajes en la sombra, hacen 1.000 millones destinados a pagar una deuda de la que Navarra no se beneficia.

A nivel micro, y de forma paradógica, mientras los requisitos para acceder a la docencia no han parado de aumentar en esta última década (grados universitarios, másteres, idiomas y formaciones iniciales y permanentes), las remuneraciones derivadas de la renta del trabajo no han experimentado una subida acorde a las exigencias de ingreso ni al coste de la vida tanto de los productos de la compra como de los bienes y servicios básicos para la vida (vivienda, luz y calefacción).

Ante este panorama, desde STEILAS reclamamos un aumento de los recursos públicos destinados a Educación y becas hasta situar a Navarra en el 6% del PIB para acercarnos a lugares como Suecia, Bélgica y Dinamarca que invierten entre el 7,2 y el 6,4%, y reprochamos al Gobierno que aumente la financiación a empresas educativas que se sustentan en una fraudulenta e irreal libertad de elección de centro y dualizan el sistema educativo en dos realidades paralelas con un claro resultado de disgregación social. 

Sin una inversión proporcional a la prioridad que supone la Educación para las sociedades, seguiremos sin visualizar la bajada de ratios, la reversión de la tasa de interinidad, la dignificación de las condiciones de jubilación del profesorado, la publificación real de las escuelas infantiles, la consolidación de las partidas para inclusión educativa y tantas otras cuestiones todavía pendientes del Pacto Educativo del 2018.

Demandamos unos presupuestos suficientes y unas políticas fiscales que asienten el sistema público, hagan frente a la realidad y den cobertura a los retos de un sistema equitativo y plural, digno y fortalecido, que impulse desde el ciclo educativo 0-3 hasta la Universidad, y que acabe con los privilegios de una red solo representativa de unos pocos capaces de pagar sus propias exclusividades elitistas, materialistas y maniqueas.