La alta tasa de interinidad en los servicios públicos no es casual; obedece a unas políticas que pretenden debilitarlos y que aumente el negocio de las empresas privadas. En el caso de la educación, los centros privados tienen asegurada su financiación a través de los conciertos; en cambio, los centros públicos están al albur de los recortes aplicados por los gobiernos. Para ello resulta imprescindible que en las plantillas públicas haya un alto porcentaje de profesorado temporal que pueda ser despedido al término de su contrato anual por curso. En cambio, en la educación privada, las plantillas se hallan protegidas por los conciertos educativos y pueden capear la crisis con mayor facilidad, ya que disponen de más tiempo para recuperarse.

Según los datos de la Cámara de Comptos, la interinidad del profesorado de la educación pública de Navarra fue del 52% en el año 2021, último dato conocido. El Departamento de Educación diferencia entre dos tipos de interinidad: la referida a las plazas estructurales y la denominada coyuntural, con la que se describe a las plazas que supuestamente dependen de las necesidades variables de cada curso. El Departamento asegura que, tras el proceso de estabilización, la interinidad estructural bajará del 8% en castellano y euskera, y solo será superior en las plazas PAI.

La Unión Europea dispone que la tasa de interinidad no puede superar el 8%, sin hacer distinciones entre interinidad estructural y coyuntural, ya que la coyuntural se incluiría en ese 8%. El engaño consiste en hablar solo de la estructural, sin tener en cuenta que la persistencia curso tras curso de la llamada interinidad coyuntural, que indica claramente que es estructural. Además, las plazas estructurales se definen con criterios opacos que nunca se negocian con los sindicatos.

Por otra parte, el profesorado interino se ve obligado a participar en las oposiciones, no para obtener una plaza de funcionaria, sino para poder sobrevivir en las listas de contratación. Las oposiciones son un gran negocio que se basa en tener a muchas aspirantes a una plaza de funcionaria que necesitan realizar cursos, acudir a academias o preparadores, muchos de los cuales cobran en negro y trafican con programaciones, etc.

Esta situación de excesiva interinidad resulta muy lucrativa para algunos sindicatos que tienen relaciones comerciales con academias, universidades privadas y fundaciones varias. La mayoría de los cursos vendidos carecen de otro interés que no sea el de puntuar para el baremo de las oposiciones; son cursos que se pueden realizar en muy poco tiempo, pero curiosamente validados por los mismos gobiernos que mantienen alta la interinidad. Estos sindicatos no pretenden mejorar el servicio público y no critican la privatización.

Ante esta situación, STEILAS pone a disposición del profesorado, gratuitamente, todos los materiales que crea y otros cedidos por docentes que han aprobado las oposiciones. Además, luchamos para que desaparezca la lacra de la interinidad y se produzca una estabilización real de todo el profesorado, así como una publificación de los servicios actualmente privatizados en los centros públicos: comedores, limpieza y transporte.