Han pasado casi dos años y medio desde el inicio de la legislatura y “el gobierno del cambio” ha cambiado muy pocas cosas en educación. La situación de partida era lamentable. Ni siquiera en tiempos de bonanza económica se hizo una apuesta en favor de la enseñanza pública. Antes de la fase más dura de la crisis financiera, la inversión se situaba por debajo del 4% del PIB, pero con excusa de la crisis llegó a caer hasta el 3´1%. Muy lejos del 4´9% de la media europea (329 millones de euros menos) y mucho más lejos todavía del 6% que como mínimo recomienda la UNESCO. Por otra parte, el Gobierno de Navarra destina un escaso 15´8% de su presupuesto a educación, mientras que la media de otros territorios supera el 20%. Estos números podían hacer sonrojar a cualquiera, pero nuestra clase política se refugia en el dato tranquilizador de Navarra invierte una cantidad superior por alumno o alumna. El que tengamos un nivel de renta mayor no implica que se apueste por este servicio público básico para intentar lograr la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para una financiación adecuada sería necesario pasar de los 634 millones de euros que se destinaron en 2017 a Educación a los 1.000 millones, y para ello es imprescindible un cambio en la política fiscal, dejar de lado el techo de gasto o el límite de déficit acordado con el gobierno español y cambiar radicalmente la política presupuestaria.

Los recortes se cebaron en la educación de Navarra y el acuerdo de gobierno recogía el compromiso de revertir estos recortes. Desafortunadamente solo se han puesto en marcha la reducción de la ratio de Infantil y Primaria y un aumento de la inversión en infraestructuras.

Esperábamos poder llegar a un acuerdo que recogiese las reivindicaciones sindicales, y se estableciesen los plazos para revertir los recortes. Pudiendo, así, recuperar los centenares de empleos perdidos y acabar con la precarización del empleo. Finalmente, el pasado mes de marzo se inició la fase preliminar de la negociación. Los sindicatos enviamos con celeridad nuestras propuestas que concretamos detalladamente en las reuniones celebradas en la Mesa sectorial hasta el 31 de mayo. En esta última reunión el Director General de Educación se comprometió a enviarnos una propuesta en un par de semanas para iniciar inmediatamente la fase de negociación con el fin de alcanzar acuerdos que se vieran reflejados en el anteproyecto de presupuestos.

Han pasado más de cuatro meses y el Departamento de Educación no nos ha hecho llegar ninguna propuesta. En junio se nos dijo que había que esperar al acuerdo de los cuatro partidos que sostienen el gobierno, en verano las personas responsables estaban desaparecidas y en septiembre se nos aseguró que era cuestión de pocos días. En este tiempo el Gobierno de Navarra ha acordado el techo de gasto con el gobierno español. Acuerdo que limita cualquier incremento significativo del presupuesto y por tanto imposibilita dar respuesta satisfactoria a la mayoría de nuestras reivindicaciones.

Nuestra paciencia se ha agotado, y mucho más la de las trabajadoras y trabajadores de educación, que ven diluirse la posibilidad de cambio y la esperanza de que se alivie su sobrecarga de trabajo o la posibilidad de desarrollar su actividad en mejores condiciones. La desilusión y el escepticismo se ha extendido a todos los centros escolares.

ELA y STEILAS hemos decidido que es hora de actuar. No admitimos ni una dilación ni una excusa más. Exigimos que se acuerde inmediatamente la reversión todas de las medidas de recorte impuestas por el gobierno anterior y mantenidas por el actual gobierno.

Algunas de ellas, como las sustituciones desde el primer día, no pueden esperar más, tampoco la reducción de la ratio y de las horas de docencia en todas las etapas o la dotación de recursos para la atención a la diversidad.

Por ello, llamamos al personal de educación, al alumnado y a las familias, a una jornada reivindicativa, en los centros y en la calle, el próximo día 20 de octubre.

Pedimos al Departamento de Educación a que tenga en consideración nuestras reivindicaciones e inicie un verdadero proceso de negociación para la mejora de las condiciones laborales y responder de manera adecuada a los retos y necesidades que tiene la educación publica.

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