Nos hemos reunido ante el Parlamento de Navarra el 12 de mayo para reivindicar que no vamos a aceptar ningún tipo de adoctrinamiento religioso en las escuelas.

El acuerdo programático firmado por Geroa Bai en la anterior legislatura recogía la reducción de las sesiones de religión al mínimo legal, pero en 2018 la consejera de Educación, María Solana, resolvió mantener el número de sesiones, contra el criterio de sus socios de gobierno. Sin embargo, ese mismo año Geroa Bai también solicitó la derogación del artículo 27.3 de la Constitución española, que establece que: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Dado que la implantación de la LOMLOE supone pasar de dos sesiones a una la asignatura de religión en Infantil y Primaria, Navarra Suma ha presentado un proyecto de ley para blindar el contrato del profesorado de religión. A favor de ello se ha mostrado Geroa Bai porque, a su juicio, este profesorado perderá sus derechos laborales. Asimismo, el senador Koldo Martínez preguntó en abril de 2022 al gobierno español cuándo aprobaría la ley para garantizar la laicidad del estado y su neutralidad frente a todas las confesiones. De hecho, la citada ley ya estaba recogida en el programa electoral del PSOE de 2015. El programa incluía la autofinanciación de todas las confesiones, la exclusión de la religión del curículum escolar, la fiscalidad sobre los bienes no afectos al culto, la retirada de símbolos religiosos en los edificios públicos, los protocolos para actos de Estado, los cementerios no confesionales, la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia y el fin de los pactos con el Vaticano.

Por si fuera poco lo anterior, el Consejo de Navarra ha resuelto que no es legal el proyecto de ley para blindar al profesorado de religión. En este sentido, María Solana ha señalado que si el dictamen del Consejo de Navarra es desfavorable, lo estudiarán y decidirán qué hacer. Insiste en que la religión debe estar fuera de los centros, pero sin menoscabo de los derechos laborales de ese profesorado.

Las contradicciones de esta envergadura son incomprensibles: afirman que desean una escuela y un estado laicos, pero cuando gobiernan o tienen que votar siempre se decantan a favor de las y los docentes de religión, en detrimento del resto de personal. Resulta imprescindible la reducción de las sesiones de religión y el establecimiento de unas sólidas bases para que construyamos una escuela pública laica. ¡Basta de maniobras cochambrosas!