COMPROMISOS QUE DEBE RECOGER

LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN


Parece que está próximo un Acuerdo Educativo que va a ser refrendado por los principales partidos políticos de la CAV, y que será la base de una futura Ley de Educación. En el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora, la mayoría de las personas expertas han subrayado la falta de equidad de nuestro sistema educativo. La segregación escolar es la característica más relevante de nuestro sistema educativo: la segregación económica y social.

Esta segregación escolar está directamente relacionada con el peso de la red privada-concertada en la CAPV, ya que a medida que aumenta la enseñanza privada-concertada aumenta la segregación escolar. La existencia de dos redes genera por sí misma segregación. Las escasas medidas aplicadas (sólo en la red pública) no han supuesto ningún cambio porque el problema es estructural, fruto de las políticas educativas privatizadoras que se han llevado hasta ahora y que se siguen aplicando. Es un problema de todo el sistema educativo, no solo de una red, y no se puede resolver solo con dinero. Otro tipo de planificación, zonificación, financiación… son imprescindibles.

¿La Ley de Educación que los partidos políticos vascos quieren sacar adelante va a solucionar esta situación, o se pretende adaptar el marco jurídico para seguir con las políticas de siempre y mantener un sistema desequilibrado y discriminatorio?

Estamos muy preocupadas porque no vemos voluntad por parte de la mayoría de las fuerzas políticas para acabar con esta situación. Por eso, desde la Plataforma “Euskal Eskola Publikoaz Harro” queremos hacer públicos los compromisos que, desde nuestro punto de vista, debería recoger el Acuerdo Educativo y las líneas rojas que no debería traspasar la futura Ley:

1. No se puede aceptar un acuerdo que no ponga a la escuela pública en el centro del sistema educativo. La escuela pública es nuestro servicio público en la educación, gratuito y universal, de todas y para todos, la que más aporta a la cohesión de la sociedad vasca y la que más alumnado euskalduniza incluso en las condiciones más difíciles. Priorizar la escuela pública es más barato, más ecológico y aumenta la cohesión de los barrios y pueblos.

Por lo tanto, no será admisible ningún acuerdo o ley que equipare la escuela pública y la privada. La nueva Ley de Educación debe apostar por una única escuela y crear una normativa consensuada para que los centros con vocación pública puedan publificarse.

Así, la escuela pública debe ser la prioridad absoluta de la administración:

  • La nueva ley debe garantizar una oferta pública integral y gratuita de 0 a 18 años en todos los municipios, barrios y pueblos.

  • La nueva ley debe poner límites a la educación privada-concertada: mientras haya oferta pública suficiente, no se abrirán líneas privadas-concertadas.

  • La nueva ley debe priorizar el Consorcio Haurreskolak como servicio público gratuito y universal consolidando el ciclo público 0-3 y eliminando las subvenciones del ciclo 0-2 que se conceden a los centros privados-concertados.

  • La nueva ley debe prever un plan especial de inversiones para dotar a las escuelas públicas de las mejores instalaciones, infraestructuras y equipamientos.

2. No se puede aceptar un acuerdo que pretenda blindar o incrementar la financiación que tienen actualmente los centros privados. La red privada-concertada se vale de la financiación pública para ofrecer mejores servicios, ejemplo de ello es la convocatoria Hezkoopk-21 que se ha publicado hace unos días. Estamos financiando centros que generan discriminación y segregación. La nueva Ley debe acabar con la política de concertación universal y poner en cuestión el actual modelo de financiación de la red privada, dejando de mantener proyectos privados que no respondan ni a la equidad educativa ni a la cohesión social. ¿Por qué financiar con dinero de todos centros que no son para todos?

3. No se puede aceptar un acuerdo que no solucione la segregación de una manera firme y eficaz. Exigimos políticas, planificación y procesos transparentes de matriculación que eviten la segregación y garanticen la cohesión social. El primer paso de la segregación se genera en el periodo de prematrícula que acaba de finalizar. La nueva ley deberá modificar drásticamente la normativa actual para asegurar un proceso de matriculación equilibrado del alumnado. Hay que sacar a la educación de la lógica del mercado y garantizar la calidad de todos los centros educativos para que todos los alumnos y alumnas tengan las mismas oportunidades y derechos.

4. No se puede aceptar un acuerdo que permita financiar con dinero público modelos lingüísticos que no euskaldunizan y, por tanto, discriminan al alumnado. Aprender euskera es un derecho de todos los niños y niñas y garantizarlo es responsabilidad de todos, empezando por la Administración. Sin euskera, no hay integración, y sin integración menos posibilidades hay de que el euskera se normalice. Fortalecer la escuela pública supone reforzar el euskera, ya que la red pública es la red que más alumnos ha euskaldunizado y sigue euskaldunizando.


EN RESUMEN

Como sociedad, no podemos aceptar una ley que legitime el sistema dual actual. Una nueva ley educativa debe situar a la escuela pública en el centro del sistema como eje vertebrador. Sólo en esta situación todo el alumnado del sistema educativo podrá desarrollar sus capacidades de convivencia. Sabemos que hoy en día esta integración no se está dando ni en las escuelas con un índice alto de familias con ISEC bajo ni en las que, financiadas con dinero público, están abiertas sólo a alumnado de nivel socioeconómico medio-alto. Todos y todas estamos perdiendo con ello, poniendo en jaque el bienestar presente y futuro de nuestra sociedad y creando una fractura social. Está en juego la cohesión social.

Por último, si como dice el Gobierno, el sistema educativo se va a regular a través de esta nueva Ley para los próximos 30 años, es necesario un acuerdo entre los partidos políticos, pero tan importante como eso es buscar consensos con los agentes educativos y, sobre todo, con la comunidad de la escuela pública, algo que no se ha hecho. El Departamento de Educación sólo está negociando con la red concertada. Si no se produce un cambio, sólo nos queda recurrir a la denuncia y a las movilizaciones.

Esto es lo que desde la Plataforma “Euskal Eskola Publikoaz Harro” exigimos a esa posible nueva Ley de Educación: que sea una ley a favor de la escuela pública, la única que es de todos y para todas, que acabe con la segregación escolar y la fractura social que hoy tenemos, y que ofrezca a toda la ciudadanía un modelo educativo de calidad basado en la inmersión en euskera.

Plataformas de Vitoria-Gasteiz, Oyón, Bilbao, Santurtzi, Oarsoaldea, Astigarraga, Zabaleko bizirik de Amurrio, Donostialdea, Lasarte-Oria; Comunidades de la Escuela Pública Vasca de Ordizia y Goieskola del Alto Deba; EHIGE (Confederación de padres y madres de la escuela pública), HEIZE (Asociación de directores-as de la escuela pública), Sindicato de Estudiantes, Ikasle Ekintza, Gazte Komunistak; STEILAS, CCOO, ESK, CNT

3 de febrero de 2022