A pesar de que los partidos políticos del Gobierno de Navarra o los que lo apoyan en el Parlamento se comprometieran a cumplir el Pacto, observamos cómo tras las medidas implementadas al inicio de la legislatura, el Departamento de Educación no ha demostrado interés por desarrollar el resto de puntos de dicho acuerdo.

En 2019, tras el cambio de Gobierno, se promulgó un decreto ley para que el profesorado sustituto cobrara el verano, y todo el personal contratado percibiera la antigüedad (al igual que el funcionariado). Así mismo, se cumplió otro punto referido a la disminución de horas de docencia directa en Educación Secundaria. A partir de ese momento, el Departamento puso todo tipo de objeciones al cumplimiento del resto de medidas recogidas en el Pacto. Únicamente a base de movilización sindical y después de que el Parlamento redactase una ley que obligaba a su cumplimiento, se logró que se implementasen las reducciones de docencia directa por edad.

La estrategia del Departamento de Educación para no ejecutar las medidas del Pacto ha consistido en no convocar las reuniones pertinentes (convirtiendo su convocatoria también en reivindicación sindical), o llevar a las negociaciones agentes y procedimientos no propios de las mismas, recabar la opinión de los sindicatos reiteradamente sobre los mismos puntos, solicitar supuestos informes a Función Pública que no obtienen contestación, o aducir vagas dificultades presupuestarias.

Por si todo esto fuera poco, en la penúltima reunión de la comisión de seguimiento del Pacto, se llegó a esgrimir que “puede que el Departamento no esté interesado en bajar los ratios” arguyendo que bajar los ratios no implicaría una mejora educativa, tal y como publicitó la derecha neoliberal en la época más dura de los recortes, en contra de cualquier evidencia pedagógica y en su cruzada contra el Pacto para la mejora de la calidad de la Enseñanza Pública en Navarra.

Además de la bajada de ratios, STEILAS quiere reivindicar frente al Parlamento de Navarra, pidiéndole responsabilidad política con la Educación Pública, las siguientes medidas del Pacto que no se prevén en el calendario del Departamento: aumento a jornada completa para docentes con 18 horas de contrato en Infantil y Primaria, y 15 en Secundaria; reducción de un tercio de la jornada total del personal mayor de 60 años que no puede jubilarse con la pensión completa; desarrollo de las enseñanzas artísticas y musicales en euskera, así como un nuevo decreto de jornada y horarios que recoja todas las mejoras conseguidas mediante el Pacto para todo el profesorado.

El año 2022 es el último año de vigencia del Pacto; su cumplimiento se convirtió el año pasado en ley foral, todos los partidos integrantes del Gobierno se comprometieron a su cumplimiento en el acuerdo programático y, además, decidieron alcanzar un 5% de inversión en educación sobre el PIB. Por ello, si este Gobierno no lo cumple, y no lo va a efectuar si se aprueba el borrador de presupuestos que se está negociando, dejará muy en evidencia su falta de voluntad y coherencia política.

Resulta insoportable la milonga del denominado gobierno progresista, que escatima recursos a la escuela pública y a otros servicios públicos esenciales, mientras destina ingentes recursos a proyectos destructivos y antisociales. El Pacto necesita partida en los actuales presupuestos, para que el departamento de Educación cumpla el compromiso que tiene con la Enseñanza Pública.