Las últimas semanas hemos asistido a una especie de batalla negociadora, en la que distintos partidos políticos han insistido en integrar sus reivindicaciones en lo que pretende ser la futura ley de educación de la Comunidad Autónoma Vasca. Sorprendentemente, todos aquellos que han entrado a batallar, aún cuando tienen posicionamientos claramente diferenciados, han ganado, tanto quienes querían darle centralidad al euskera como quienes defienden lo público. Más allá de tanta auto aplaudida enmienda, tanta discreción y tanta puerta cerrada la pregunta que a nosotras nos interesa es la siguiente: ¿ha ganado la escuela pública vasca?

Si bien la ley que nos rige, desde hace prácticamente 30 años, no ha conseguido subsanar la segregación escolar vinculada a la doble red educativa —a todas luces uno de nuestros mayores retos en educación— quienes la redactaron parecían querer dar pasos en esa dirección cuando la nombraron Ley de la Escuela Pública Vasca. Las bases que hoy se han discutido, por el contrario, se recogen bajo el concepto de Ley Educativa Vasca y sus enmiendas se dirigen a equiparar la red pública y la privada, en lo que han denominado el Servicio Público Vasco de Educación.

Para equiparar las dos redes se establecen una serie de compromisos que los centros concertados tendrán que cumplir a fin de conseguir la financiación. Aunque la triste realidad es que tan solo se ha conseguido añadir algún compromiso más a los que ya están establecidos desde hace 35 años y que se incumplen sistemáticamente. Uno de los ejemplos más flagrantes de esto es el del cobro de cuotas (Decreto 293/87). ¿Por qué debemos creer que lo que se acuerde hoy tiene más visos de cumplirse que lo que ya está regulado? Y, por otra parte, ¿es necesaria una nueva ley para integrar tan solo modificaciones?

Asimismo, se recoge en el texto que, a cambio de estos compromisos, los centros se financiarán en su totalidad, aunque eso también sucede a día de hoy, así que debemos imaginar que se trata de compensar con financiación pública lo que hasta ahora se sufragaba mediante cuotas. ¿Estamos hablando, por tanto, de pagar con dinero público las mega instalaciones, las piscinas, las canchas de tenis, las horas lectivas añadidas y demás servicios adicionales que permiten a los centros concertados competir con otros centros?

Este es esencialmente el problema, que a lo privado, cuyo objetivo no es el beneficio común sino el propio, le es inherente la competición para preservar su lugar. El libre mercado se sustenta en esta idea que toma su forma específica, en este caso, en la libre elección de centro que tanto protege esta ley. Parece curioso tener que explicar que por muy comunitario que sea, lo privado se sitúa en contraposición a lo público ¿por qué diferenciarlo sino? ¿Por qué tanta reticencia a modificar la titularidad de los centros? Y es que la titularidad sí importa, en la titularidad reside primordialmente la forma de financiación, de organización, de contratación, de admisión…

Es por eso que las bases de nuestro futuro educativo deberían dirigirse a solucionar el sistema dual que tenemos y no a subsanar las consecuencias que este provoca. En tanto en cuanto se preserve el sistema dual publico-privado, seguirá habiendo segregación, ya que la estructura misma reproducirá está lógica, y no hay parche, ni enmienda, ni decreto que escrito en un papel solucione eso.

Por todo eso, si queremos que esta ley dure otros 30 años, no puede limitarse a recoger simples modificaciones, debe recoger un cambio estructural en el fracasado sistema educativo dual  y subsanarlo poniendo en la hoja de ruta la educación pública como meta. Para eso, debe recoger, ya no en una línea con la boca pequeña, como lo hace el documento actual, un proceso de publificación progresiva, que no se prevea sólo para aquellos centros privados que no pueden subsistir, sino para el sistema en su conjunto.

Somos conscientes de que no decimos nada nuevo para quien tenga una conciencia progresista, que ya no para el PNV, cuyo objetivo obviamente es proteger a la empresa privada. Por eso mismo, resulta sorprendente observar a la izquierda de este país entusiasmada con conceptos que, aún cuando resuenan progresistas, encierran peligros evidentes. La autonomía o la descentralización son claros ejemplos de esto, ya que atender lo local no siempre es colectivo, ni participativo y a menudo individualiza la responsabilidad y destruye la comunidad generando competición.

Pongamos como ejemplo el caso del euskera, un tema en el que no sabemos qué partido político ha ganado, pero quien ha perdido ha sido claramente el euskera. Es evidente que el euskera necesita medidas ad hoc, pero eso no puede traducirse en dejar en manos del proyecto lingüístico de cada centro un tema tan central como este. Debe regularse ya no tanto el deber, sea este B2 o B1, sino los recursos que se facilitarán para conseguirlo. Solo quien está muy alejado de la realidad educativa puede creer que poner un perfil lingüístico de salida, hará que el alumnado de cualquier centro educativo y en toda su variedad adquiera ese nivel.

Desde Steilas tenemos claro que por mucho canto de sirena que se difunda, es el momento de luchar por la escuela pública vasca y quienes representamos a las y los trabajadores tenemos mucho que decir en esto, aun cuando quieran deslegitimarnos quienes redactan las leyes a puerta cerrada. En primer lugar, porque esta ley nos afecta directamente, ya que tan solo en este pacto, que no aspira a concreciones, se determina el perfil de los cargos directivos, establece contratos programa o sentencia el futuro de la escuela publica vasca, y en consecuencia el futuro de sus trabajadoras y trabajadores. Pero sobre todo, porque creemos que la escuela publica vasca es el lugar realmente común, que puede propiciar una sociedad cohesionada donde queramos vivir y por la que merece la pena luchar.